En momentos en el que el país atraviesa por una profunda crisis económica, social y también conceptual, donde lo inmediato y lo estratégico parecen una misma cosa, se hace más pertinente que nunca separar tiempo para una reflexión pausada sobre nuestra historia reciente. Se hace necesario indagar en el pasado con el fin de recordar, primero, los conflictos que dieron pie a los cambios iniciales; segundo, para identificar tareas pendientes que quedaron pausadas —bien por falta de voluntad o insuficiente consenso transformador—, y tercero, para comprender las nuevas contradicciones que derivaron de los propios cambios y poder así abordarlos en el presente desde su raíz misma.
El modelo productivo previo a la reforma
Antes de la reforma iniciada en 2011, la economía cubana era una típica economía centralmente planificada con prevalencia de empresas estatales y casi nula participación de los mercados en la asignación de recursos. En 2009, por ejemplo, según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el 82.4% de la fuerza laboral total se empleaba en entidades estatales.[1] Muchos recordarán el entonces conocido como proceso de disponibilidad laboral que anunciaba que alrededor de 1 millón de empleados del sector estatal serían trabajadores redundantes, aproximadamente, el 20% de la población activa de entonces. La poca inversión privada existente se concentraba en el sector agropecuario y en algunas actividades de servicios en forma de trabajadores por cuenta propia, que, a la vez, enfrentaba un sinnúmero de restricciones institucionales (reglas) que frenaban su desarrollo sistemático y expansión. La inversión extranjera era un tema tabú para las autoridades económicas.
La inversión extranjera era un tema tabú para las autoridades económicas.
Las consecuencias de aquel modelo productivo son archiconocidas. Un sistema empresarial de actor único atado a incontables problemas estructurales: baja productividad, rentabilidad y competitividad externa, insuficiente ahorro e inversión, pobre infraestructura, rezago tecnológico e innovación, sobreempleo y bajísimos salarios. Las empresas estatales gozaban de poquísima autonomía económica y financiera, asimismo, operaban en un entorno empresarial donde las reglas operativas eran laxas y cambiantes, el riesgo de impago considerable, los subsidios del presupuesto elevados, y las intervenciones sobre las cuentas de las empresas una práctica frecuente. Las reformas amparadas en la Actualización del Modelo Económico tenían como objetivo resolver este grupo de conflictos.
Las reformas de 2011 ¿cambios significativos?
En 2011 inició el proceso de reformas basada en mercados más importante en los últimos 60 años, que con sus luces y sombras alcanza a nuestros días. Aunque la apertura económica no fue tan profunda como la de China y Vietnam ─ni siquiera una década después de iniciada─, los cambios respecto a lo que existía previamente fueron incontestables.
De entrada, se eliminaron barreras legales de acceso en muchos mercados y se amplió el número de actividades autorizadas a la inversión privada tanto doméstica como extranjera. Además, se desregularizaron muchas restricciones existentes que afectaban la operatividad de los negocios tanto privados como estatales. Por ejemplo, a las empresas estatales se les otorgó mayor autonomía, sobre todo, en lo referido a la fijación de salarios, precios, y, en el caso de las empresas exportadoras, de acceso a divisas. Se flexibilizó también la definición de los objetos sociales de dichas empresas, lo que les permitió ampliar la oferta de producciones secundarias a precios menos regulados; y se elevó el límite autorizado de inversiones descentralizadas. En adición, las autoridades económicas emprendieron un proceso de perfeccionamiento institucional que supuso, por una parte, cambios en la gobernanza corporativa, y por otra, la fusión y extinción de muchas empresas estatales.
A las empresas estatales se les otorgó mayor autonomía, sobre todo, en lo referido a la fijación de salarios, precios.
A pesar de los cambios, los resultados de las reformas fueron, en términos generales, modestos y dispares. Por una parte, el empleo en la economía se recompuso (ver gráfico 00). El total de trabajadores públicos en el conjunto de la economía decreció a una tasa promedio de 2.7% entre los años 2010 y 2022, hecho que supuso la destrucción de más de 1 millón de puestos de trabajos públicos, traduciéndose en una caída de la participación del empleo estatal de más de 15 puntos porcentuales en el total de la fuerza laboral. El empleo no-estatal, por otra parte, creció a una