Cuba se encuentra hoy en medio de una crisis sin precedentes. Incluso para los estándares de un país que ha sobrevivido más de seis décadas acosado en todos los frentes, la situación actual ha impactado a la sociedad cubana en lo más profundo. Garantías que se mantuvieron incluso en los años más duros del llamado Período Especial, como la salud y la educación, están en un estado de serio deterioro ante una crisis económica e institucional cada vez más evidente.
Por esa razón, la necesidad urgente de encaminar acciones estratégicas para salir de la crisis debía ocupar la centralidad de los debates en el recién concluido Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Aunque en varias ocasiones las autoridades reconocieron la gravedad del momento ante algunos de sus síntomas más evidentes —los alarmantes índices de emigración o el sostenido decrecimiento poblacional de un 10%, por ejemplo—, la ANPP no fue capaz de proponer soluciones claras, ni una estrategia que ofrezca al menos un atisbo de esperanza a quienes viven hoy (y aún) en la Isla.
Como ya nos tiene acostumbrados el Parlamento, fueron altos funcionarios, entiéndase ministros o el presidente mismo, quienes propusieron leyes y decretos. Los diputados, en cambio, siguen sin utilizar la iniciativa legislativa que les brinda la Constitución para hacer propuestas que representen el sentir de las bases sociales. Incluso aprobaron y aplaudieron con fervor medidas que horas después de anunciadas recibieron críticas de la ciudadanía a través de redes sociales, incluidos expertos reconocidos por su conocimiento del ramo, al tiempo que la prensa estatal las alababa acríticamente sin espacio alguno para debate.
Una sociedad cada vez más abierta, con economía h
