LA HABANA, Cuba. – En su edición del 15 de julio el periódico Granma recogió el resultado de dos días de inspecciones en todo el país a actores económicos no estatales, en especial a las mipymes, con el objetivo de evaluar el cumplimiento del tope de precios a seis productos de primera necesidad.
Se impusieron un total de 4.332 multas por la violación de esos precios topados. Además, se aplicaron 354 ventas forzosas de productos ―187 en La Habana―, 53 retiros de autorización de ventas a igual cantidad de establecimientos, y fueron efectuados 21 decomisos de productos.
Con independencia del perjuicio que las multas y el resto de las sanciones reportan a los propietarios de las entidades, casi hay consenso en que las ventas forzosas constituyen un asunto de suma gravedad.
Era esperada por buena parte de los especialistas, y también el régimen lo sabía, la desaparición de algunos de los productos a los que se les topaban sus precios. Así ha ocurrido siempre cada vez que el Gobierno topa los precios de los productos que hasta ese momento se comercializaban de acuerdo con la oferta y la demanda. Entonces cabe pensar que esas ventas forzosas fueron el resultado del husmeo de los cuerpos de inspectores en el interior de las entidades, con vistas a poner al alcance de los consumidores algunos productos no dispuestos para su comercialización, quizás sin el ánimo de ocultarlos definitivamente.
Lo cierto es que se trata de una violación de