Seis nuevos decretos leyes, dos decretos y 17 resoluciones modificarán las normativas principales que regulan a los actores económicos no estatales. Aunque hasta la fecha no se han publicado los textos que actualizarán las normas vigentes, el primer ministro Manuel Marrero dio algunas pistas sobre los cambios a implementar durante su presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 17 de julio.
Las propuestas legislativas fueron presentadas el 11 de julio en una sesión extraordinaria de trabajo del Consejo de Ministros de Cuba que solicitó la aprobación del Consejo de Estado. Los cambios incluyen la actualización de las contravenciones y los términos que regulan las relaciones comerciales entre empresas estatales y privadas.
De acuerdo con la nota de Presidencia de Cuba, las modificaciones corregirán «las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal». La publicación precisa que se trata de «acciones encaminadas a ordenar dicha actividad, de manera tal que se actúe coherentemente».
Los cambios que pretende el Gobierno afectarán cuestiones dispuestas actualmente en el Decreto Ley 44 Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia (TCP); el Decreto Ley 46 sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes); y el Decreto Ley 47 sobre las Cooperativas no Agropecuarias (CNA).
También serán objeto de modificaciones la Ley 113 Del Sistema Tributario, el Decreto-Ley 45 que establece las contravenciones en el sector no estatal, y los decretos leyes 48 y 65, que definen el Régimen Especial de Seguridad Social aplicable a los actores económicos del privado.
ANUNCIOS DEL PRIMER MINISTRO EN LA ASAMBLEA NACIONAL
La comparecencia del primer ministro Manuel Marrero ante los parlamentarios cubanos esclareció detalles sobre los principios que regirán las relaciones entre el sector estatal y el privado, prioridad del Estado en el segundo semestre de 2024.
Según Marrero «se han cometido barbaridades» que es necesario corregir, por lo que insistió en reforzar el carácter obligatorio de los procesos de licitación y concertación de precios. Las autoridades velarán por que las entidades estatal