La Administración de La Habana dio a conocer el proyecto de ley de ciudadanía, el cual permitirá adquirir y renunciar a la ciudadanía cubana.
Sin embargo, también otorgará a las autoridades de la isla, en específico al «presidente de la República», la facultad de despojar unilateralmente de la ciudadanía a quienes, desde el extranjero, realicen «actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba».
El proyecto establece, además, que el presidente podrá revocar la ciudadanía del cubano que se aliste «en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país».
La medida responde a un viejo anhelo de la burocracia cubana que, en la práctica y sin sustento legal, ha tratado durante mucho tiempo de «no cubanos» a cientos de ciudadanos que se oponen al régimen del Partido Comunista. El proyecto codifica en una ley la tendencia histórica de las autoridades y de la propaganda de calificar y tratar de «apátridas», «anticubanos» y «mal nacidos por error» a los opositores, activistas y periodistas independientes que el Gobierno considera «traidores».
Aunque la medida justifica la facultad del presidente de despojar de la ciudadanía a cualquier cubano bajo el argumento de la protección de los intereses del «Estado» y de la «República», en la realidad cubana el Estado está encarnado por la fuerza política que dirige el «presidente» del país, el Partido Comunista; y la República no existe porque en Cuba se reproduce un régimen totalitario que no responde a las lógicas de las instituciones republicanas.
No obstante, el proyecto —largamente esperado por un sector considerable de la ciudadanía cubana— puede interpretarse también como parte de la retroalimentación represiva que han mantenido algunos de los Estados autoritarios de la región.
El proyecto evoca la Ley 1 190 de Nicaragua, que reformó el artículo 21 de la Constitución de ese país para declarar que «los traidores a la patria» perderían la calidad de «nacional nicaragüense». Aunque la ley se publicó en la Gaceta (Diario Oficial) de Nicaragua en enero de 2024, se aplicaba desde febrero de 2023, cuando la dictadura Or
