La organización denunció el uso excesivo de la fuerza policial, militarización y detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos, en varios países de América Latina, incluidos Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
Amnistía Internacional citó la situación de los derechos humanos en Cuba y otros países de América Latina en una carta abierta enviada el lunes a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que participarán en la Asamblea General del organismo a partir del 26 de junio en Asunción, Paraguay.
El lema de la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General es “Integridad y Seguridad para el Desarrollo de la Región”, recalcó Amnistía. En ese sentido, aseveró que “la integridad y la seguridad sólo pueden ser sostenidas de forma integral en la medida que se centren en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
“A la Asamblea General de la OEA le decimos: no hay seguridad con la violencia estatal. En nombre de la seguridad, avanza la militarización y el uso excesivo de la fuerza en la región; y denunciamos que siguen las detenciones arbitrarias en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela”, dijo la ONG.
La carta se refiere a otros temas preocupantes, en los cuales se menciona a Cuba. Advierte que “en países como Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela se somete a amenazas, hostigamiento, y en algunos casos incluso el homicidio y la vigilancia ilegítima a profesionales de los medios de comunicación”.
En torno al activismo en las filas de la oposición pacífica, denuncia que “Estados y actores no estatales utilizan diversas herramientas, tales como el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización, la desaparición y el homicidio, para impedir que activistas de derechos humanos llevaran a cabo su legítima y necesaria labor en países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico República Dominicana y Venezuela”.
La carta también aborda la situación de los disidentes y presos políticos en el continente americano: “Así, en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela se continúa violando el derecho a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física”.
“De igual forma, en El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, las personas detenidas sufren con frecuencia tortura u otros malos tratos y, en ocasiones, desaparición forzada”, precisó la misiva.
CARTA ABIERTA A LAS JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN OCASIÓN DE LA LIV SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
El lema de la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) es “Integridad y Seguridad para el Desarrollo de la Región”. En ese sentido, Amnistía Internacional estima que la integridad y la seguridad sólo pueden ser sostenidas de forma integral en la medida que se centren en el respeto y garantía de los derechos humanos. De hecho, la OEA ha determinado la importancia e interdependencia de los derechos humanos al consagrar dentro de sus cuatro pilares fundamentales a: “la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”.
Como todos los años, Amnistía Internacional hace un llamado a la OEA y a su Secretaría General a centrar sus esfuerzos para que los derechos humanos guíen las políticas públicas a desarrollar por parte del máximo foro multilateral del continente.
Al respecto, Amnistía Internacional considera que el cierre del espacio cívico en varios Estados del hemisferio es un punto de inflexión que requiere tomar medidas urgentes por el concierto de las naciones interamericanas.
Asimismo, frente a la elección de magistradas y magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la organización exhorta a los Estados Miembros a elegir a quienes presenten las más altas credenciales en la materia, para garantizar que esta Corte regional pueda continuar liderando el desarrollo efectivo de estándares interamericanos en materia de derechos humanos.
Por tanto, Amnistía Internacional hace un firme llamado a este foro para priorizar soluciones duraderas con perspectiva de derechos humanos a nivel regional.
Cierre del espacio cívico en las Américas
Para Amnistía Internacional es claro que el espacio cívico se ha visto seriamente reducido en el hemisferio americano, siendo su consecuencia directa los retrocesos en materia de derechos humanos. Debe señalarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que el espacio cívico “se refiere a las circunstancias reales que hacen posible la participación ciudadana en una sociedad en un momento y tiempo determinado. Se constituye por aquellos factores jurídicos, políticos, administrativos, económicos, culturales, que determinan la forma y las modalidades operativas del escenario, tanto físico como digital, en el que las y los diferentes actores de la sociedad civil participan efectivamente en la vida de su comunidad”.
Así, la CIDH también ha señalado que la “determinación respecto de la apertura o cierre del espacio cívico en un Estado depende de las condiciones jurídicas y las circunstancias fácticas que favorecen o restringen el ejercicio de aquellos derechos identificados para que las personas y grupos puedan desempeñar dicho papel significativo en sus sociedades y contribuir en los procesos de toma de decisiones en los asuntos que les afectan, en particular: la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”.
• Organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas
En las Américas, el cierre del espacio cívico ha afectado particularmente a personas defensoras de derechos humanos, incluidos colectivos y organizaciones de base, a quienes ejercen el periodismo, y a las personas percibidas como opositores políticos. En países como como El Salvador, Nicaragua y Venezuela, donde el derecho a la libertad de expresión ya estaba amenazado, los Estados impusieron más medidas legales e institucionales contra los grupos de la sociedad civil para tratar de silenciar las críticas.
En el caso de Venezuela, existen proyectos de ley, cuya aprobación y entrada en vigor podrían ser inminentes, amenazando con cerrar el ya limitado espacio cívico. Asimismo, entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, Nicaragua revocó la personería jurídica de más de 2,000 organizaciones no gubernamentales (ONG), con lo que la cifra total de ONG clausuradas desde 2018 ascendía a 3,394. En agosto del 2023 se cerró la Universidad AMR 01/7948/2024 Centroamericana de Nicaragua, acusada de ser un “centro de terrorismo” y se confiscaron los bienes de organizaciones como Cruz Roja. Por su parte,
