La disidencia y oposición políticas han sido reprimidas en Cuba de muchas maneras diferentes desde el triunfo de la Revolución en 1959.
No aporto algo que no sepamos. Las libertades políticas y civiles han sido silenciadas desde y con un arsenal enorme de métodos y prácticas represivas.
La libertad de expresión ha sido ahogada, como la de prensa, y los derechos relacionados con la reunión, la protesta, la asociación, la manifestación, la huelga, la creación de organizaciones políticas. Igualmente han sido limitadas las libertades religiosa, sindical, la de decisión de madres y padres sobre la educación de sus hijos…
El Gobierno cubano ha encontrado una justificación inmoral (pero exitosa) para legitimar la represión del pluralismo político en el país, la doctrina de la Plaza Sitiada y la situación excepcional no declarada —primero de la Guerra Fría y siempre de las leyes del bloqueo-embargo que forman parte a su vez de un largo diferendo histórico con el Gobierno de Estados Unidos—.
El diferendo con el Gobierno de Estados Unidos es un hecho, más bien un complejo proceso político, económico, cultural y jurídico del cual han salido perjudicados, esencialmente, los pueblos cubano y estadounidense.
El bloqueo-embargo es también un complejo de leyes y decisiones administrativas que durante más de 60 años han dañado al pueblo de Cuba y a los ciudadanos de EE. UU. que han intentado tener una relación económica, política, comercial, cultural, académica y científica dentro de un marco de normalidad y legalidad.
El diferendo histórico entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos, sobre todo desde 1959, y el bloqueo-embargo solamente han servido a los intereses políticos, económicos y culturales de los extremos políticos de ambos países, lo que ha impedido que se pueda hacer una política distendida hacia el acercamiento de las dos naciones.
La inmoralidad del Gobierno cubano ha radicado en el uso de las circunstancias para justificar e implementar un régimen político autoritario. La inmoralidad del Gobierno estadounidense ha consistido en presionar al Gobierno cubano para que haga reformas políticas y económicas, supuestamente democráticas, mediante medidas que afectan al pueblo y no a los gobernantes.
No hay una sola razón política ni económica relacionada con las consecuencias del bloqueo-embargo que obliguen al Gobierno cubano a limitar al interior del país los derechos civiles y políticos ni existe justificación para impedir la participación ciudadana, la alternancia y el pluralismo políticos. Las violaciones de derechos civiles y políticos en Cuba, durante décadas, se han producido por la decisión de no permitir movimiento, renovación ni transformación del sistema político imperante.
Tampoco hay una sola razón jurídica ni política proveniente de un sentimiento o imperativo ético de justicia que permita justificar el bloqueo-embargo como sistema de medidas para ayudar al pueblo de Cuba.
Sin embargo, las decisiones políticas, jur
