LA HABANA, Cuba. – Nuevamente voceros del régimen se pronuncian sobre los sucesos violentos en la Finca de los Monos y dejan claro que antes no solo intentaron minimizar los hechos, al hablar esta vez de una cifra mayor de lesionados y al no mencionar la cantidad de detenidos, sino que además continúan más interesados en castigar como a criminales a quienes difundieron las imágenes y las primeras noticias “no oficiales”, a pesar de que también las primeras “notas oficiales” publicadas por los medios de la dictadura no se correspondían con la realidad en relación con el número de víctimas.
De modo que, en ese aspecto de la “primicia”, todos, a sabiendas o no, cometieron errores de verificación; y tanto aquellos que aceptaron como ciertos los primeros rumores sobre personas fallecidas como los que redujeron a apenas dos los heridos en la trifulca, terminaron mal informando.
Es algo que suele suceder, que resta méritos al medio o persona que difunde la información, pero que en sí mismo no constituye un acto criminal, por lo que estaría de más iniciar una costosa investigación policial con la finalidad de castigar lo que ya por sí solo se castiga con la pérdida de credibilidad.
Aun así, de acuerdo con la vicefiscal-jefa de La Habana, el Ministerio del Interior ha iniciado un proceso penal “en el que se definieron dos líneas de investigación”, una dirigida a conocer las identidades de las personas que acudieron armadas al lugar; y la segunda, dirigida a identificar a quiénes, “de manera inescrupulosa”, difundieron “noticias falsas”, dando por sentado que todo el contenido noticioso “no oficial” que no se corresponde con el contenido noticioso de lo “oficial” (es decir, con el de los medios en manos del régimen) no solo es fake news sino que constituye un “acto criminal” y que, incluso, por los carísimos recursos que habrá de emplearse para llegar a algún resultado concluyente, son considerado