La motosierra de Díaz-Balart y los republicanos
La noticia es que el presupuesto de Estados Unidos para la ejecución de su política de exterior, mientras prohíbe el uso de fondos para la ayuda al sector privado cubano, incrementa a 35 millones de dólares los programas para el llamado cambio de régimen, y ofrece 30 millones para Radio Martí, una plataforma política conocida por la propaganda en contra del gobierno de Cuba.
Así se informó tras la aprobación de Ley de Asignaciones Del Estado y las Operaciones al Exterior para el año 2025, que estipula cómo se usará el presupuesto del Estado para las actividades de política exterior, básicamente cómo el Departamento de Estado y sus agencias subordinadas debe utilizar esos fondos.
Si bien es un presupuesto menor que en años anteriores, 51.7 mil millones sigue siendo una cifra considerable en la que sí hubo disponibilidad para asegurar 3.3 mil millones de dólares en asistencia de seguridad para Israel.
En el caso de Cuba, los programas de cambio de régimen pasaron de 20 millones de dólares, a 35, y la Oficina para las Transmisiones Cubanas, la cual administra Radio Martí, también creció en presupuesto para ahora contar con 30 millones de dólares.
Los programas de cambio de régimen tienen diferentes fines, aunque la gran mayoría quedan en organizaciones establecidas en el sur de la Florida que promueven desde allá «la democracia en Cuba». Los vinculados con Radio Martí también se utilizan para alimentar un ecosistema de medios que cubren temas cubanos tanto en sitios webs como en redes sociales con un marcado matiz opositor.
La principal figura detrás de esta distribución del dinero es el congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz Balart, representante por el distrito 26 de la Florida, miembro de lobby cubano en Washington que promueve una política de máxima presión hacia Cuba, y utiliza el tema como propulsor político para mantenerse en el asiento.
El único cambio no está en el incremento de los fondos para el derrocamiento del gobierno cubano, sino también en el desconocimiento expreso del sector privado cubano y la prohibición del uso de fondos por pequeños que sean para cualquier actividad vinculada a la promoción o ayuda a la empresa privada en la Isla.
«Los únicos empresarios independientes en la economía cerrada comunista de Cuba están en prisión. Cualquier otra persona alegando ser empresario tiene una licencia del régimen, lo cual significa que el régimen es el gran ganador de estas políticas peligrosas e insultantes».
Así afirmó en sus declaraciones Díaz Balart uniéndose al coro cubano-americano en el Congreso que no reconoce a las más de 10 mil empresas privadas surgidas en Cuba por el solo hecho de requerir una licencia del Estado para poder operar legalmente, cuando este es un requisito imprescindible en cualquier lugar del mundo; en el propio Estados Unidos negocios pequeños o grandes requieren algún tipo de permiso o licencia de organizaciones locales gubernamentales
La posibilidad de la iniciativa privada y un modelo más próximo al mercado ha sido una de las demandas que más alto ha sonado dentro de la comunidad cubana en Miami, ya que esta rechaza en su mayoría la excesiva estatización de servicios y propiedades en Cuba. Sin embargo, ahora que ya existe un creciente sector privado, importador, proveedor y generador de empleos, los representantes de los sectores más extremistas niegan ahora su legitimidad, y la existencia de algo que ellos mismos habían exigido para la Isla.
Pero no es Cuba el único tema controvertido de este documento que hace retroceder la imagen de Estados Unidos en el escenario multilateral. Esta ley de asignaciones de presupuesto niega fondos que el presidente Biden pidió pero que no serán otorgados.
Si bien ofrece financiamiento para Israel, esta ley elimina el apoyo de Washington a la Organización Mundial de la Salud, debido, según dicen, a que se «acobardan frente a la China comunista e impiden el estatus de observador a Taiwán».
Además, eliminan todo apoyo financiero Ante la Corte Penal Internacional, y la Corte Internacional de Justicia por emprender «acciones legales espurias contra Israel». Además de prohibir todo apoyo financiero o diplomático a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés), debido a que supuestamente emplean terroristas. También retiran su apoyo al Consejo de Derechos humanos porque «provee una plataforma a los peores abusadores de los derechos humanos».
Resalta también la marcada hostilidad hacia México, de quien dice que su actual presidente no se ha comportado como un amigo, por oponerse a la política de Washington hacia Cuba y Venezuela. Refiere además que no puede ir ni un dólar a México mientras ese país latinoamericano no cumpla con los acuerdos por la repartición del agua del Río Bravo.
Esto significa que la narrativa y acción de extrema derecha se hace evidente en una Cámara Republicana, como es en este momento, liderada por el partido encabezado por Donald Trump, un hombre que ha llevado a esa organización política a extremos nunca antes vistos. Este escenario ha sido especialmente favorable para legisladores como Díaz Balart, que siempre ha usado el miedo de la «Cuba comunista» como catapulta a su carrera política.
El sobrino de la primera esposa del fallecido ex presidente cubano Fidel Castro, nació en Fort Lauderdale, Estados Unidos, de padres cubanos, y ahora, debido al protagonismo del Partido Republicano, ocupa puestos claves en el Congreso. Es miembro de alto rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el comité que básicamente dicta cómo se usa el presupuesto del Estado, y presidente de su Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, que acaba de aprobar su propia ley de uso de los fondos.
Los representantes de una parte de la comunidad cubana hacen uso de sus posiciones en el Congreso para promover una política que mantenga todo igual, evitando toda posibilidad de vínculo con los empresarios privados cubanos, el más grande y principal actor no gubernamental que hay en estos momentos en Cuba.
Significa además que el partido de Díaz Balart reacciona cerrándole el paso a recientes medidas aprobadas por la administración Biden, que expande el concepto del trabajador por cuenta propia y reconoce la existencia y validez como interlocutor de las mipymes cubanas, permitiéndole la apertura y uso de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Nuestra opinión es que Díaz Balart abusa de su poder en el Congreso para imponer una agenda que favorezca su imagen política y que llene los bolsillos de organizaciones afines o cercanas a esos mismos congresistas que trabajan por el derrocamiento del gobierno cubano, sin nunca haber ofrecido ningún resultado concreto de su trabajo. Todo esto a costa de perjudicar la sociedad civil en la Isla —como lo son los empresarios privados— sobre la base de argumentos claramente falaces, como vincularlos al gobierno por tener una licencia, requisito en cualquier país para crear una empresa.
Es una estrategia que sido declarada fallida por políticos más audaces como el expresidente Barack Obama, pero que se mantiene a pesar de su probada inefectividad. Los congresistas como Díaz Balart básicamente trabajan para que nunca se cumpla el fin por el que trabajan, porque de cumplirse, quedarían sin ese vital prop