Más de un año pasó entre la aprobación de la Ley de Comunicación Social y su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
En octubre de 2023, Rogelio Polanco —jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista— dijo que la publicación de la ley se había demorado debido a la necesidad de redactar normas complementarias (como el procedimiento para que los periodistas soliciten información pública a los dirigentes y organismos del Estado).
La espera ha concluido. El 5 de junio de 2024, la Gaceta Oficial publicó la Ley de Comunicación Social aprobada en mayo de 2023 junto con dos reglamentos adicionales, el propio de la ley y otro relacionado con la publicidad y el patrocinio. No obstante, en las disposiciones finales de las tres normativas se establece que la entrada en vigor se producirá 120 días después de la publicación en la Gaceta.
Desde elTOQUE Jurídico se ha dedicado atención al proyecto de la actual Ley de Comunicación Social. Tras la publicación, es bueno sistematizar algunos de los elementos más importantes dispuestos en el nuevo paquete de normas.
1. NO SE RECONOCE SISTEMA DE PRENSA ALGUNO AJENO AL ESTADO SOCIALISTA
La Ley de Comunicación Social reconoce en el artículo 5 que el Sistema de Comunicación Social cubano debe actuar «conforme al Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, expresión del pensamiento y el ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin».
La ley subraya que la vocación del Sistema de Comunicación Social no puede ser otra que la defensa del modelo de desarrollo socialista escogido y controlado por el Partido Comunista. Por esa razón, resalta entre los objetivos del sistema el fomento del «pensamiento emancipador que sustente la continuidad del proyecto socialista de nación»; la potenciación de la «participación popular en el desarrollo socialista»; y la promoción del «uso ético y seguro de Internet como herramienta para consolidar la sociedad socialista».
Asimismo, la normativa ratifica una idea manejada desde el proyecto y que elimina cualquier posibilidad de reconocimiento legal a medios o comunicadores que adversen al poder político. Para lograr lo anterior, limita el tipo de contenidos que pueden compartirse o divulgarse en los medios de comunicación. Reconoce que está prohibido divulgar contenidos dirigidos a «subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social»; «sustentar l
