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El principal activo del Gobierno de “los Milei” —Javier y Karina, su hermana y Secretaria General de la Presidencia— es su capacidad para condicionar la agenda pública. Sin embargo, no siempre resulta a su favor, aunque cultiven el arte de leer y proyectar la realidad a conveniencia.
Aun siendo el Gobierno de los grandes grupos económicos afincados en Argentina, Milei insiste en obviar la crisis alimentaria que se avecina y se sube al escenario con su banda de rock. Mientras tanto, algunos empresarios que financiaron su llegada al poder comienzan a ver con desconfianza tanto circo y tan poco pan.
En la Casa Rosada celebraron que llegara el domingo 26 de mayo. Luego de la semana más álgida en lo que va de los seis meses de mandato, había que pasar el 25, aniversario de la Revolución de Mayo (1810), cuando se conformó el primer Gobierno independiente del imperio hispánico. A esta fecha, celebrada con dispar fervor por los argentinos, el Gobierno le imprimió trascendencia fundamental cuando el 1ro de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del parlamento, anunció el “Pacto de Mayo”, una suerte de acuerdo nacional basado en 10 ejes entre economía, política previsional, marco laboral y relaciones exteriores.
El pacto —de acuerdo tenía poco, pues era una proclama gubernamental— estaba marcado por otra grandilocuencia de Milei y su gente: la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, proyecto que en sus inicios tenía 182 páginas que se aseguraban la extranjerización de la tierra, la privatización de las empresas del Estado, la desregulación de la economía, la prohibición de la protesta pública y la declinación de la soberanía en varios aspectos. En las negociaciones fue recortado a menos de la mitad y a la altura del viernes pasado, un día antes de la confabulada firma del Pacto de Mayo, no había Ley Bases y no había gobernadores dispuestos a firmar.
Sin embargo, no es lo más resonante de la semana que pasó. El lunes pasado, el dólar “blue”, paralelo e ilegal, comenzó una tendencia alcista que le imprimió un aumento del 20 % a ese mercado financiero. Aunque es una cotización ilegal, se trata de un índice de referencia fundamental para los argentinos en un contexto en el que no hay libre disposición de divisas para cualquiera.
Sucede que, desde la devaluación de diciembre de 2023 que impulsó el Gobierno y la desacelerada, pero sostenida, inflación, el peso quedó demasiado apreciado para las pretensiones exportadoras de uno de los sectores más importantes de la matriz productiva: campo, agroindustria.
Durante mayo se esperaba la cosecha gruesa de soya y trigo, pero los movimientos fueron muy escuetos, se entiende, a la espera de una mejor cotización del dólar oficial exportador. Esto fue aumentando la presión sobre el dólar paralelo, que impacta en el resto de la economía, haciendo que incluso sectores que no dependen de insumos importados remarquen los precios conforme aumenta el “blue”.
En paralelo, una imagen causó estupor. A comienzos de mes, el Ministerio de Capital Humano impulsó una serie de denuncias a comedores populares que prestan servicio a miles de personas de bajos recursos. De los 34 mil comedores y merenderos censados, el Gobierno decidió continuar enviando alimentos solo a 9 mil, basándose en irregularidades detectadas en los demás.
Esta justificación es descartada por la mayor las organizaciones sociales y políticas que coordinan los comedores. Aducen que se trata de casos aislados o bien errores de interpretación en los registros. La imagen que causó estupor fue la de un galpón del Ministerio en cuestión en el que se encontraban almacenadas toneladas de alimentos próximos a vencer. Un revés judicial para el Gobierno obligó al Ministerio a distribuir en un