El 28 de mayo de 2024, el Gobierno de Estados Unidos anunció un grupo de medidas que implican un relajamiento de las sanciones contra Cuba. Al anunciarlas, la Administración estadounidense aseguró que el objetivo es «aumentar el apoyo al pueblo cubano», «promover» la libertad de Internet en Cuba, apoyar a los emprendedores privados cubanos independientes y expandir el acceso de cubanos a ciertos servicios financieros.
Sin embargo, la Administración Biden también hizo una salvedad importante al anunciar las nuevas medidas. Insistió en el hecho de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) asociada al Departamento del Tesoro había decidido excluir de la consideración de emprendedores y posibles receptores de los beneficios a los funcionarios cubanos «prohibidos» y a los miembros «prohibidos» del Partido Comunista. La OFAC considera que la medida era necesaria «para asegurar [que esas personas] no se beneficien de las acciones de Estados Unidos destinadas a favorecer a los empresarios del sector privado independiente».
La consideración de funcionarios y militantes «prohibidos» no alcanza a todas las personas que de alguna forma están vinculadas con el Gobierno cubano, el Partido Comunista o a las organizaciones que este controla.
El término prohibited o «prohibido» que utiliza la regulación reduce o limita el número de personas que pueden considerarse militantes o funcionarios públicos cubanos a los efectos de las regulaciones del embargo estadounidense. Los afectados no son los alrededor de 750 000 militantes del Partido Comunista, cualquier miembro de la burocracia o cualquier pequeña o mediana empresa (mipyme) o cooperativas que tenga entre sus socios o propietarios a cualquier militante del Partido o funcionario del Gobierno.
La sección 515.337 de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (uno de los grupos de regulaciones que sostienen las sanciones estadounidenses) considera «funcionarios prohibidos del