El 11 de mayo de 2024, el periodista Ignacio Ramonet entrevistó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El intercambio — replicado por disímiles medios oficialistas— se llevó a cabo en el salón protocolar del Palacio de la Revolución y se dividió en tres bloques (economía, política interior y política exterior).
Durante casi dos horas, en un intento de desglosar el panorama actual de la isla, el mandatario trató varios temas. Entre ellos, la relación con Rusia, la inteligencia artificial, la informatización del país y las vacunas contra la pandemia de la COVID-19. Díaz-Canel hizo énfasis en que el embargo estadounidense es el «principal» agravante de la crisis cubana.
Sin embargo, cuando Ramonet le preguntó a Díaz-Canel sobre las protestas sociales que han marcado el devenir de la isla —sobre todo desde 2021— el primer secretario del Partido Comunista emitió varias informaciones falsas y de contenido engañoso.
Reclamos pacíficos
«La mayor parte de estos reclamos han transcurrido en una situación de reclamo pacífico, donde la mayor parte de la población que ha ido a reclamar lo que ha pedido es explicación. Fíjate, no son reclamos de ruptura con la Revolución, la gente ha ido a instituciones del Gobierno o a las instituciones del Partido» [sic], afirmó Canel.
Habló también sobre los hechos acontecidos el 17 de marzo de 2024, cuando cientos de cubanos se manifestaron públicamente en Santiago de Cuba. Sobre la protesta, dijo:
«Han ido a pedir explicaciones, a pedir que se les ratifique si la situación se debe a determinadas circunstancias. ¿Y quiénes son los que han dado la cara? ¿Quiénes son los que han estado hablando con ese pueblo, porque son parte de ese pueblo? Han sido precisamente los dirigentes del Partido, los dirigentes del Gobierno y las administraciones en esos lugares y sin represión policial, sin represión de ningún tipo».
Díaz-Canel no mencionó la masividad de las concentraciones ni que se desplegaron en otras localidades del país (Bayamo y Matanzas) bajo las consignas «libertad», «¡no a la violencia!» y «¡corriente y comida!».
Hay dos factores que se contradicen. Primero, tanto el presidente como otros funcionarios del aparato político del régimen han catalogado de «violentos» a los manifestantes en diversas ocasiones. Una retórica también impulsada por los medios de comunicación oficiales para justificar las condenas. Segundo, si las concentraciones se desarrollan de forma pacífica, por qué el alto índice de detenidos.
Habría que recordar las declaraciones oficiales de Miguel Díaz-Canel y del canciller Bruno Rodríguez Parrilla tras el estallido social del 11 de julio de 2021. No solo mitigaron y restaron relevancia a lo ocurrido, sino que catalogaron las protestas de «intento de golpe de Estado vandálico». También llamaron a los manifestantes «mercenarios» y «delincuentes».
En horas de la tarde del 11 de julio de 2021, durante una intervención especial, Díaz-Canel habló de «provocaciones» y de «desestabilización» por parte de potencias externas. Incluso, habló de la presencia en las calles de revolucionarios «confundidos», antes de hacer un llamado al enfrentamiento. «Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución (…). La orden de combate está dada».
«La revolución cubana no va a poner la otra mejilla a quienes la atacan en espacios virtuales y reales. Evitaremos la violencia revolucionaria, pero reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria. Quien ataca a los agentes del orden, ataca al país», escribió Canel más tarde a través de su cuenta en X.
Durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió por cuarta vez el Gobierno cubano en Ginebra el 15 de noviembre de 2023, Maricela Sosa Rabelo, vicepresidenta del Tribunal supremo popular de Cuba, habló sobre las movilizaciones masivas del 11 de julio de 2021. «De ninguna manera pueden calificarse de manifestaciones pacíficas porque pusieron en peligro, se lesionaron personas y dañaron propiedades del Estado», afirmó.
A dos años del 11J, se sabe que las protestas —desarrolladas entre los días 11, 12, 13 y 17 de julio de 2021— se extendieron en más de 50 localidades del país y sus participantes recibieron represalias militares, paramilitares y jurídicas. Incluida la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, en el barrio habanero Arroyo de Naranjo a raíz del enfrentamiento con las fuerzas policiales. En 2022, la organización de derechos humanos Human Rights Watch hizo público un informe de 37 páginas en el que se documentan un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluidas detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y tortura.
Alrededor de 1 555 personas fueron detenidas durante y tras las protestas del 11J, incluidos menores de edad. Muchos permanecieron incomunicados durante largos períodos de tiempo y recibieron golpes —y otras formas de violencia psicológica— durante su retención. Hasta la fecha, 781 cubanos siguen privados de libertad, con condenas que pueden llegar hasta los 25 años bajo cargos de sedición. Los juicios fueron materia de múltiples denuncias, entre ellas las evidencias poco confiables o sin corroborar que se presentaron (declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad y supuestas «huellas de olor» de los acusados encontradas en piedras).
En lo que respecta a las movilizaciones más recientes en Santiago de Cuba, se conoce que al menos 19 personas fueron detenidas. Las cifras, no obstante, son un subregistro. La falta de claridad y transparencia gubernamental ha imposibilitado documentar el número real de manifestantes detenidos.
Manifestantes financiados
Díaz-Canel también subrayó la existencia de «personas financiadas por proyectos subversivos del Gobierno de Estados Unidos» que a cambio de una presunta entrada sistemática de dinero, aprovechaban la