Monumento inspirado en la bandera cubana frente al exterior del edificio de la sede de la embajada de Estados Unidos en La Habana. El 15 de mayo la administración del presidente Joe Biden sacó a esta isla del listado de países que, a juicio de Washington, “no cooperan plenamente” con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
La Habana, 23 may.- La reciente exclusión de Cuba de una de las listas que elabora Estados Unidos en relación con el terrorismo, tributa a una ligera distensión de las relaciones marcadas por divergencias, aunque con espacios para diálogos mutuamente beneficiosos.
El 15 de mayo, la administración del presidente Joe Biden sacó a esta isla del listado de países que, a juicio de Washington, “no cooperan plenamente” con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
La certificación enviada al Congreso por el secretario de Estado, Antony Blinken, se refirió a un cambio en las circunstancias para mantener tal clasificación, vigente desde mayo de 2020, durante el gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021).
Washington justificó entonces su decisión en la negativa de Cuba a acceder a la solicitud de extradición de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, quienes se encontraban en La Habana para los Diálogos de Paz.
El gobierno cubano argumentó que, como país garante y sede de estos diálogos, estaba comprometido a garantizar el regreso seguro de la Delegación del ELN, según lo establecido en el Protocolo y con apego al derecho internacional.
En agosto de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de arresto dispuestas durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) contra 17 integrantes del ELN, incluidos aquellos que había solicitado a Cuba extraditar.
Al respecto, el ejecutivo de Petro valoró “el apoyo y los ingentes esfuerzos de Cuba por contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia”.
Funcionarios estadounidenses destacaron además que Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial, incluso en la lucha contra el terrorismo.
A fines de abril de 2023, ambos gobiernos mantuvieron un intercambio técnico en La Habana sobre cooperación para enfrentar al terrorismo. Trataron acerca del secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas, así como del empleo de redes digitales con fines violentos.
Persisten sanciones
No obstante, el gobierno de La Habana deploró que el departamento de Estado mantenga la designación de Cuba como estado “patrocinador” del terrorismo, una de las últimas decisiones del gobierno de Trump, casi al término de su mandato, en enero de 2021.
“Se trata de una lista absolutamente unilateral e infundada, cuyo único fin es calumniar y servir de pretexto para la adopción de medidas económicas coercitivas contra Estados soberanos, como las que despiadadamente se aplican contra Cuba”, subrayó una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores el propio día 15.
El departamento de Estado aclaró que la designación de estados patrocinadores del terrorismo, “está totalmente separada” del proceso de certificación de países que no cooperan lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
Añadió que cualquier revisión del estatus de Cuba en esa lista “se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”.
Tal designación incluye restricciones a la ayuda exterior estadounidense, prohibición de las exportaciones y ventas de defensa, restricciones financ