Gladys Bejerano. Foto: captura de pantalla.
22 / mayo / 2024
Muchas personas están asombradas o han confirmado sus «sospechas» tras la entrevista que realizara EFE a Gladys Bejerano, contralora general de la República. En la conversación con Juan Palop —publicada recientemente y cuyos fragmentos de video han circulado en las redes sociales—, Bejerano confirmó que no tiene jurisdicción para controlar a Gaesa. Aseveró que el grupo empresarial, manejado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), no necesita ser controlado por el organismo que ella dirige porque «cuenta con una disciplina y organización superior debido a sus décadas de experiencia empresarial».
A pesar de que muchas personas consideran que la declaración de Bejerano es la confirmación de un hecho nunca verificado, lo único «novedoso» —y burdo, también hay que decirlo— en el testimonio de la jefa de la Contraloría es el argumento para justificar la falta de controles sobre los militares cubanos.
Más allá de la percepción personal de los internautas de la isla, la falta de jurisdicción de la Contraloría General de la República sobre el sistema del Minfar y del Ministerio del Interior (Minint) nunca ha sido una «sospecha», sino un hecho cierto, indubitado y reconocido expresamente en la legislación del país.
El sistema de control interno del Minfar y del Minint no responde a ningún organismo o institución externa. La disposición fue instituida como parte de una política estatal secreta y, además, se estableció de forma expresa en las normativas que desde su origen delinearon la jurisdicción de la Contraloría.
La Contraloría es una institución derivada del desaparecido Ministerio de Auditoría y Control, que tampoco tenía jurisdicción sobre el Minfar y el Minint. Desde su creación en 2009 mediante la Ley 107, el régimen cubano dejó claro (en la disposición especial octava de la normativa) que el Minfar y
