Bárbara dio a luz el 11 de julio de 2004 a un niño. Lo crio entre esas cuatro paredes que apuntaló como pudo una y otra vez. También puso la cuna de su nieto entre esas cuatro paredes, y tostó el maní que salía a vender para dar de comer a los suyos.
Bárbara vio a su hijo partir hacia un interrogatorio policial del que nunca volvió. Colgó una foto del niño en la pared. Le gritó al Estado, a Dios y al universo su deseo. Su hijo regresó y como si de un maleficio se tratase, como si ella fuera el horcón mayor de su casa, bastó con que se sentara a descansar con todos los suyos dentro, para que el techo se viniera abajo.
La vivienda
Desde 1959 el acceso a la vivienda fue parte del programa político que se proponía la Revolución. La Ley de Reforma Urbana de 1960 convirtió en propietarios de sus viviendas a los que en esos momentos las ocupaban como arrendatarios. La Ley General de la Vivienda de 1984 (No. 48), autorizó la transferencia de viviendas y convirtió en propietarios a más de 750 mil familias. La Ley de la Vivienda de 1989 (No. 65), por su parte, promueve, planifica y organiza la construcción y reparación de viviendas, a través de las microbrigadas, las empresas y otras entidades estatales; las cooperativas de producción agropecuarias o por esfuerzo propio. Finalmente, el Decreto Ley 288 de 2011 regula la libre compra y venta de viviendas por nacionales y residentes permanentes en Cuba y la selección del lugar de residencia sin restricciones.
De acuerdo a la Observación General N°4, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, una «vivienda adecuada» debe contemplar: «seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad, asequibilidad; debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales, además de contar con adecuación cultural».
Por su parte, la Constitución cubana de 2019 en su Capítulo II, artículo 71, especifica que «se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable». Argumenta, además, que el Estado hace efectivo este derecho a través de «programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano y las leyes».
Según la «Versión ejecutiva del perfil de la vivienda en Cuba», elaborada por Naciones Unidas en 2014, el país poseía 9 millones de unidades habitacionales, donde residían 11 millones 167 mil 325 personas. Se trata de 7014 aéreas de concentración de asentamientos humanos, de los cuales 597 son urbanos y 56 alcanzan la condición de ciudades. La Habana, en ese entonces concentraba el 18,9% de la población total.
En el período 1959-2012, «la población del país creció en un 58%, pasando de 7,7 millones a 11,16 millones de habitantes, mientras el fondo habitacional creció en un 149%, pasando de 1 millón 560 mil a 3 millones 885 mil 900 viviendas». Según el censo de población y viviendas del 2012, 664 922 viviendas se encontraban en mal estado, es decir el 17,8% del total, de las cuales solo el 58,1% puede ser recuperado.
En el caso del año 2017, por ejemplo, el Plan de construcción de vivienda comenzó con afectaciones. En el primer semestre no se terminaron muchas de las viviendas previstas y la mayor parte se concentró en la segunda mitad del año, justo con la llegada del ciclón Irma. Al cierre del 2016, el déficit habitacional ascendía a 883 050 viviendas, 30,000 unidades más con respecto al año anterior.
Esta lógica acumulativa y de contingencia, sumada a la precariedad propiciada por la pandemia y la crisis económica palpable de los últimos años ha llevado a un notable deterioro del fondo habitacional cubano. En octubre de 2012, el huracán Sandy dañó más de 300 mil viviendas de la región oriental de la Isla, y cinco años más tarde, el ya mencionado ciclón Irma afectó unas 160 mil viviendas, con casi 14 700 derrumbes totales.
En marzo de 2024 la directora nacional de la vivienda informó que «se han concluido en el país un total de 2 106 inmuebles, 137 células básicas habitacionales y se han solucionado 5 582 afectaciones de eventos climatológicos, que, aunque no es ni el resultado deseado, ni el que necesita el pueblo, sí evidencia la prioridad en la sensible tarea en las provincias». Tan solo 16 065 viviendas, el 65 % del plan anual, fueron terminadas en 2023, «mientras que el déficit habitacional sobrepasa las 856 500 casas», según el balance anual del Ministerio de la Construcción.
Asimismo, un informe del cumplimiento del Programa Nacional de la Vivienda en 2023, elaborado por las propias autoridades cubanas, reflejó una gestión deficiente de este. «Como promedio, los municipios del país no superan el 40% de los renglones que requiere la construcción de un hogar, no tienen autonomía, y no avanza el cumplimiento de la política… Con destino a madres con tres o más hijos, se culminaron 1 192 acciones constructivas, de las 2 257 planificadas, para un 53 %. Por adaptación de locales o cambios de uso, para incrementar la cantidad de casas estatales, se terminaron 906, el 73 % de lo previsto».
No existen datos precisos de la situación del fondo habitacional de La Habana en la actualidad. En 2022 estaba planificado el censo poblacional que no se ejecutó por la pandemia de covid-19. Dos años después, sigue pendiente. Lo cierto es que basta caminar las calles de la capital para entender que en cualquier momento se viene abajo.
Un reporte publicado en el sitio web de la Presidencia de Cuba indicaba que a finales de 2020 solo el 63% de los 3.9 millones de viviendas en Cuba, se encontraban en buen estado, y que el restante 37% estaban en malas o muy malas condiciones. Ese mismo año, murieron tres niñas aplastadas por un balcón habanero, hecho que se repitió en 2023 con el derrumbe de un edificio en el centro histórico capitalino, que trajo consigo la m