De acuerdo con Beatriz Santiesteban, metodóloga nacional del Ministerio de Educación, en la actualidad se atiende en la educación especial a unos 30 000 estudiantes con discapacidad intelectual y a 1 200 en escuelas de oficios, pero una parte queda fuera del sistema al cumplir los 18 años.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
La Habana, 20 abr.- Cuando Tomás Pérez, con trastorno del espectro autista, llegó a los 18 años, concluyó su etapa en la educación especial y su madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarlo. Encontrar vías para revertir ese desenlace está entre las prioridades de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi).
El ejercicio de los derechos y la inclusión de ese grupo poblacional en el ámbito del empleo fueron temas abordados en un encuentro con representantes de la sociedad civil e instituciones del Estado, convocado por la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU).
En el panel intervinieron Mayelín Oliva, presidenta nacional de la Acpdi; el jurista Leonardo Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, y Joanna Pereira, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Pérez se refirió a los avances en materia jurídica para la defensa de los derechos de personas en situación de discapacidad intelectual, así como las novedades que recogen la Constitución de la República (artículo 89) y el Código de las Familias, como un paso hacia un futuro Código Civil.
Según expuso, Cuba es signataria de la Convención sobre los derechos de dichas personas, que en su artículo 27 señala que los Estados Partes reconocen el derecho a trabajar, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, en un trabajo elegido, abierto, inclusivo y accesible.
Por su parte, Pereira valoró los pilares de la reforma legisl