En sufragios de segundo grado fue investido para un segundo mandato de cinco años el actual presidente Miguel Díaz-Canel, de 63 años.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
El anuncio de algunas medidas sobre un programa de estabilización macroeconómica para 2024, que incluirá alzas de precios en servicios esenciales, despertaron en la población cubana inquietud, desesperanza y hasta descontento al culminar un año considerado entre los peores de las últimas décadas.
En medio de una indetenible inflación, carestía generalizada y deterioro de los servicios básicos, durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en diciembre, se comunicó sobre la contracción del producto interno bruto (PIB) de 1% a 2%, contario a 3% de crecimiento pronosticado 12 meses antes.
El gobierno reconoció asimismo errores en la implementación del ordenamiento monetario iniciado en 2021 lo que sumado a la inefectividad de políticas para dinamizar sectores productivos complican las posibilidades de revertir problemas sociales acumulados y detener el empobrecimiento de parte de la ciudadanía.
Déficit de medicamentos, dificultades con la transportación y el suministro eléctrico debido a la crisis de combustible y el incremento de robos y hechos de violencia reportados a través de plataformas digitales y medios de prensa alternativos, añadieron tensiones al contexto interno en este país insular del Caribe de 11 millones de habitantes.
Sin sorpresas en los resultados, los comicios del 26 de marzo en Cuba refrendaron los 470 candidatos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual redujo el número de integrantes.
En sufragios de segundo grado fue investido para un segundo mandato de cinco años el actual presidente Miguel Díaz-Canel, de 63 años. Fueron reelectos asimismo el vicepresidente de la República, al igual que el presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado.
Aunque en menor medida a los registrados en 2022, los apagones mantuvieron en vilo las actividades cotidianas de cubanas y cubanos, en lo cual influyó las roturas de termoeléctricas y los mantenimientos a las unidades de generación, altamente dependientes de la quema de combustibles fósiles.
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos permanecieron sin cambios sustanciales, la inclusión de la isla en varios de los listados que anualmente realiza Washington y críticas de las autoridades a la persistencia por parte del actual gobierno de Joe Biden a mantener la mayoría de las medidas dispuestas por la administración de Donald Trump (2017-2021).
En noviembre, cubanas y cubanos residentes en 57 países participaron en La Habana en la IV Conferencia La Nación y la Emigración, con análisis sobre las políticas migratorias y sus perspectivas; las oportunidades para ampliar proyectos de cooperación, negocios e inversión, así como de cultura e identidad, entre los temas fundamentales.
Situación interna
Al anunciar las venideras medidas, a fines de diciembre, el primer ministro Manuel Marrero se refirió a la reevaluación de las exoneraciones fiscales y su efecto en la economía, con el fin de eliminar las que no se justifiquen y asegurar el cobro de impuestos para elevar los ingresos al presupuesto.
Durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal, el 15 y 16 de diciembre, se incluyeron 15 nuevos lineamientos, entre ellos la supresión del relacionado con el seguimiento a la implementación de la Tarea Ordenamiento, “ya que esta no ha cumplido todos los objetivos trazados”, trascendió.
Se propuso adicionar nuevos lineamientos asociados con la implementación de un programa de estabilización macroeconómica, “que establezca un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía, la convertibilidad y funciones de la moneda nacional y la reducción de la inflación”.
En mayo, durante una reunión del Comité Central del PCC, el entonces ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, confirmó que al cierre de 2022 solo 11 de los 201 lineamientos calificaban “con progreso”.
El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció errores en la implementación de la llamada tarea Ordenamiento, iniciada en enero de 2021, desde el diseño hasta su aplicación, y exhortó a corregir “distorsiones” en la misma.
Dos de los problemas más acuciantes y marcada incidencia social, la producción de alimentos y la construcción de viviendas, siguen sin concretar sus metas.
Atrasos en la distribución de alimentos racionados impactaron de forma negativa en una mayoría de familias, agobiadas por el creciente costo de la vida y deterioro del poder adquisitivo con el actual sistema de salarios y pensiones.
Se trata de un asunto de especial preocupación debido a las magras producciones internas, inflación y creciente desigualdad social.
Algunos investigadores estiman que alrededor de un tercio de la población cubana vive con pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, y han alertado sobre un incremento de la precarización de los indicadores del nivel de vida de las familias.
Alertan asimismo sobre el acelerado envejecimiento demográfico, con aproximadamente 23 % de la población con 60 años y más, lo cual además de plantear desafíos a las metas de desarrollo incrementa la franja de personas consideradas en desventaja social.
“Somos conscientes de los problemas acumulados en la situación económica y social, los cuales generan crisis que afectan al país. Debemos abordar estas desigualdades sociales que se están extendiendo”, sostuvo el presidente Díaz-Canel ante las y los legisladores.
A fines de año, se extendió hasta el 31 de marzo de 2024 la autorización temporal que permite a las personas que llegan al país importar en su equipaje medicamentos sin límite de cantidades y exenta del pago de los aranceles aduanales, algo que permite a una parte de la población acceder a estos insumos deficitarios.
Crisis energética
Pero a diferencia de otras etapas, los cortes eléctricos se debieron sobre todo a la escasez de diésel y fueloil lo cual afectó el respaldo que aportan la generación distribuida -integrada por motores fuel y grupos electrógenos diésel emplazados en los 168 municipios-, así como las unidades flotantes (patanas) contratadas a Turquía.
Junto con exhortaciones al ahorro, las autoridades recomendaron estimular el trabajo a distancia y el teletrabajo, ajustar los horarios de las entidades estatales y apagar equipos de climatización a ciertas horas, mientras se priorizaron sectores como la agricultura, la salud, el turismo y el bombeo de agua.
También disminuyó la entrega de combustible para la transportación pública, basada principalmente en autobuses. Con precios más económicos, las reducciones afectan a la ciudadanía con menos poder adquisitivo.
La falta de combustible motivó la cancelación de los multitudinarios y tradicionales desfiles del 1 de mayo y se convocó a realizar otras actividades en centros laborales, comunidades y municipios, bajo el principio de “racionalidad y máxima austeridad” y con el empleo del transporte indispensable.
Las crisis energéticas se han hecho más recurrentes desde 2019, en paralelo al deterioro de la situación económica interna, la escasez de divisas, el fortalecimiento del embargo estadounidense y el envejecimiento de la red electroenergética urgida de fuertes inversiones y modernización.
Elecciones
En las elecciones del 26 de marzo votó 75,92% de los 8 120 072 cubanas y cubanos mayores de 16 años en el padrón electoral, de acuerdo con el Consejo Electoral Nacional.
Con 90% de boletas válidas y más del 50 % más uno de los sufragios efectivos necesarios para cada candidato, los 470 aspirantes electos constituyeron el 19 de abril la décima legislatura de la ANPP, para el periodo 2023-2028, con una membresía inferior a la precedente, de 605 puestos.
Del total de nuevos legisladores más de 55% son mujeres; 20% tienen hasta 35 años; 45% son personas negras y/o mestizas; la edad promedio es 46 años; 95% son graduados universitarios y 63% son nominados por primera vez, indican las estadísticas.
En elecciones de segundo grado las y los parlamentarios reeligieron en abril como presidente de la República a Miguel Díaz-Canel, para un segundo mandato de cinco años (hasta 2028).
Ratificaron para idéntico periodo a Salvador Valdés Mesa como vicepresidente de la República y a Esteban Lazo como presidente del Consejo de Estado, órgano de la ANPP.
Los comicios estuvieron antecedidos por el llamado de sectores opositores y activistas a abstenerse o votar en contra. Según las autoridades, tales pronunciamientos fueron parte de una campaña alentada en las redes sociales, fundamentalmente por sectores adversos desde Estados Unidos.
Poco más de 24% del total de personas convocadas no concurrió a las urnas y casi 10% de quienes ejercieron ese derecho votaron en blanco o anularon el sufragio.
Tales cifras de abstencionismo o rechazo a las propuestas confirmaron la tendencia a un mayor porcentaje de apatía hacia la participación electoral, con respecto a los índices de años atrás, cuando la asistencia oscilaba de 90 a 95%.
En las votaciones para diputados hace cinco años participó 82,9% de las personas con derecho al voto.
Líderes opositores, catalogados oficialmente como “mercenarios” a sueldo de la política de Estados Unidos hacia Cuba, deploraron que los mecanismos establecidos impidieron su inclusión en las boletas.
Plataformas opositoras informaron sobre presuntas irregularidades para exigir el voto como llevar boletas a las casas –posibilidad solo pautada para personas con algún impedimento físico, según la ley–, así como restricciones de movilidad o cortes del servicio de internet a activistas durante esa jornada.
Como parte del cronograma legislativo se aprobaron varios decretos leyes y legislaciones entre las cuales sobresalieron la Ley de Comunicación Social, que prohíbe los medios independientes, o la Ley de Salud Pública, que ratificó el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios, aunque derivó para “cuando las condiciones estén dadas”, el polémico procedimiento de la eutanasia.
Relaciones Cuba-Estados Unidos
El gobierno cubano reconoce que, si bien la administración Biden adoptó decisiones “positivas, pero de alcance muy limitado” en materia de visados, migración regular, vuelos y remesas, mantiene las medidas de “máxima presión” dispuestas por Trump.
De acuerdo con funcionarios, no ha habido cambios sustanciales, ni perspectivas de que los haya, después de tres años de gestión de la administración demócrata del presidente Joe Biden, que mantuvo a la isla en la lista de estados que, a los ojos de Washington, patrocinan el terrorismo.
Tal decisión, aprobada por la saliente administración Trump en enero de 2021, aumenta los obstáculos para el acceso a fuentes de financiamiento e inversiones extranjeras, pues como consecuencia de las leyes del embargo vigente desde 1962, bancos de terceros países que acepten pagos, depósitos o cuentas de empresas cubanas en dólares pueden estar sujetos a multas.
Las dificultades para operar con la divisa norteamericana incrementan el riesgo-país para operaciones comerciales, elevan las tasas de interés y encarecen los financiamientos externos, deploran autoridades.
El gobierno estadounidense también mantuvo a Cuba en los listados relacionados con la trata de personas, la libertad religiosa y el respeto a los derechos humanos, inclusiones rechazadas en cada caso por La Habana.
En septiembre, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, se reunió en Washington con Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Las partes significaron el “avance” en varios temas sobre cuestiones migratorias y la cooperación en aplicación de la ley, salud, ciencia y tecnología, aunque “no pudieron reducir las diferencias” sobre la permanencia en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo y el embargo.
El 30 de octubre, 25 legisladores del estado de Nueva York solicitaron al presidente Biden y a Charles Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado del bicameral Congreso estadounidense, “que actúen de inmediato para levantar el cruel e injustificado bloqueo económico contra Cuba”.
Un elemento positivo resultó la reanudación en enero del envío de remesas a Cuba mediante la compañía Western Union, lo cual puso fin a la decisión que, en noviembre de 2020, llevó al cierre de sus más de 400 oficinas en la isla.
Un grupo de 14 empresarios y agricultores estadounidenses de diferentes estados, pertenecientes a la Coalición Agrícola EE.UU.-Cuba, llegaron a La Habana en abril para participar en la IV Conferencia Agrícola entre Cuba y Estados Unidos.
Para el presidente de la Coalición Agrícola, Paul Jonhson, el embargo estadounidense perjudica los intereses de los empresarios de ambos países y destacó las oportunidades de relaciones a partir de nuevas políticas económicas en Cuba y el crecimiento del sector privado.
En mayo, ambos Gobiernos tuvieron un intercambio técnico en La Habana sobre cooperación para el enfrentamiento al terrorismo. Trataron acerca del secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas, así como del empleo de redes digitales con fines violentos, según informó el Ministerio del Interior.
Votación en ONU contra el embargo
Como sucede desde 1992, el gobierno de la isla presentó el 1 y 2 de noviembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
La moción fue aprobada por 187 votos a favor,
