Por Marta Borraz
Cuando parecía que la violencia de género no existía para la mayoría de la sociedad o que era cosa de “enfados pasionales”, Ana Orantes le puso rostro, voz y palabras. El maltrato que sufría por parte de su marido esta mujer nacida en Granada, en el sur de España, entró en los hogares andaluces en 1997 cuando contó en televisión el infierno que vivía hacía 40 años. Solo 13 días después de su aparecer en televisión, José Parejo la asesinó.
El caso fue una sacudida. Con los años, Ana Orantes no solo se convirtió en un símbolo sino que contribuyó a impulsar las reformas legislativas que convirtieron a España en pionera en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia de género y en un referente a nivel europeo. Así es concebido el país de puertas para fuera, desde donde se suele destacar como la joya de la corona la Ley Integral contra la Violencia de Género, que este año cumple su vigésimo aniversario.
Lo recalca François Kempf, miembro del secretariado del Grupo de Expertos contra la Violencia contra la Mujer y Doméstica del Consejo de Europa (GREVIO), que vela por el cumplimiento del Convenio de Estambul por parte de los Estados: “España ha sido un país pionero al adoptar un enfoque integral para combatir la violencia de género, anclado en la ley de 2004”, que se ha complementado con una “evolución posterior de leyes y políticas que han demostrado compromiso al más alto nivel político y la voluntad de movilizar a la sociedad en torno a este objetivo”.
Aunque durante los Gobiernos del Partido Popular de José María Aznar se aprobaron medidas como la regulación de las órdenes de protección para víctimas, fue el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero el que impulsó el marco integral. De hecho, ya en 2002, los socialistas habían presentado en el Congreso una propuesta de norma que desde los 90 venía trabajando la recién creada Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, pero el PP votó en su contra. Finalmente, el 8 de octubre de 2004 la ley fue aprobada por unanimidad.
La norma desplegó todo un sistema de protección y atención a las víctimas a través de juzgados especializados, ayudas sociales y laborales o servicios de atención psicológica, información y asesoramiento. Pero más allá de las medidas concretas, la ley supuso un salto cualitativo al reconocer por primera vez que la violencia de género no es algo que afecte al ámbito privado, sino como un “símbolo más brutal de la desigualdad” entre hombres y mujeres. En su preámbulo, la ley indica que es una violencia que se caracteriza por la condición de género.
“Aunque podamos ser críticas, lo cierto es que comparativamente España es una referencia. Un elemento diferencial es que aquí se habla de violencia de género como tal cuando en otros muchos estados como Alemania se la llama violencia doméstica y queda en el ámbito familiar. La denominación es un avance importantísimo porque permite vislumbrar la razón estructural que hay detrás”, sostiene Noelia Igareda, profesora de Filosofía del Derecho especializada en Género de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Antes del Convenio de Estambul
La recopilación de datos es otro de los elementos diferenciales: tanto de denuncias, sentencias y órdenes de protección como de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas hombres, algo que se hace oficialmente desde 2003 y superan ya los 1.200. Teresa Nevado, exmiembro de la comisión ejecutiva del European Women Lobby y ahora secretaria general de la delegación española, así lo cree: “Se comenzó a tomar datos específicos en un momento en el que el resto de países no lo hacían ni tampoco muchos tenían ni tienen a día de hoy
