Los congresistas anticubanos Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar. Foto: Archivo / Tomada de transmisión en video
Tratar de darle sentido a la política estadounidense hacia Cuba es como tratar de darle sentido a una obra de teatro del absurdo. Los argumentos ofrecidos por los defensores de esta política no tienen sentido y, cuando intentan explicarlos, suenan como personajes de una obra de Ionesco. Las recientes propuestas legislativas de miembros cubanoamericanos de la Cámara de Representantes son buenos ejemplos.
El representante Mario Díaz-Balart (R-Fla.), presidente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, y la representante María Elvira Salazar (R-Fla.), presidenta del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, propusieron recientemente nuevos sanciones que bloquean la designación infundada de Cuba como patrocinador del terrorismo internacional, bloquean la asistencia al sector privado cubano con el argumento de que no existe y castigan a los países que acogen misiones médicas cubanas por practicar la “esclavitud moderna”. Las dos últimas propuestas se convirtieron en ley en el proyecto de ley de asignaciones generales aprobado el mes pasado para evitar un cierre del gobierno.
Cuba está en la lista de terrorismo del Departamento de Estado, a pesar de que el último Informe Nacional sobre Terrorismo de ese Departamento no ofrece evidencia de que La Habana participe en terrorismo internacional. Cita el hecho de que Cuba haya albergado a fugitivos estadounidenses que cometieron crímenes por motivos políticos en Estados Unidos hace más de 40 años. Mientras tanto, Estados Unidos acogió durante años a notorios exiliados cubanos como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, culpables de innumerables ataques terroristas contra Cuba, incluido el bombardeo de un vuelo de una aerolínea cubana, matando a las 73 personas a bordo y el bombardeo de hoteles turísticos en La Habana.
Al principio de la administración Biden, la Casa Blanca dijo que estaba “comprometida a revisar cuidadosamente” la designación de Cuba, y en octubre de 2022, el Secretario de Estado Antony Blinken le dijo al presidente de Colombia Gustavo Petro: “Seguiremos revisándolas según sea necesario para ver si Cuba sigue mereciendo esa designación”. Pero apenas cinco meses después, dijo al Congreso: “No planeamos eliminarlos de la lista”. El subsecretario de Estado adjunto, Eric Jacobstein, dijo a un grupo de legisladores demócratas que, contrariamente a lo que les habían dicho anteriormente, no había ninguna revisión en curso de la designación de Cuba.
Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa de 2023 por qué Cuba todavía estaba en la lista de terrorismo, un portavoz del Departamento de Estado respondió que se debía al “largo historial de atroces abusos contra los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil” de Cuba, que ha nada que ver con el terrorismo internacional. El funcionario también reconoció, ajeno a la ironía, que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba participan regularmente en conversaciones de cooperación antiterrorista bajo los auspicios de un acuerdo de aplicación de la ley celebrado durante la administración Oba
