Desde hace más de un mes, alrededor de 250 ciudadanos cubanos se encuentran atrapados en Haití. El país —tradicionalmente un destino de compras para numerosos cubanos que buscan adquirir productos para revender en Cuba— está experimentando una crisis de gobernabilidad desde hace varias semanas. La situación se caracteriza por la actividad desenfrenada de grupos armados opositores al Gobierno, los cuales han tomado control del aeropuerto principal de la nación.
Como respuesta a la situación, la Embajada de Cuba en Haití anunció el 20 de marzo de 2024 que había preparado un «plan de retorno seguro para los cubanos varados». De acuerdo con el comunicado, el plan estaba sujeto a la reanudación de las «operaciones aéreas en el aeropuerto Toussaint Louverture» de Puerto Príncipe.
Han transcurrido más de tres semanas desde el anuncio y los cubanos atrapados en Haití continúan a la espera de la ayuda de las autoridades de la isla para volver a casa. En paralelo, tras el comunicado de la Embajada de Cuba, Gobiernos como el de Canadá organizaron vuelos desde Haití para repatriar a más de 250 canadienses que buscaban asistencia de la Administración de Justin Trudeau.
Ante el escenario, muchos cubanos exigen y algunos han declarado que es una obligación del Estado de la isla el rescate y la repatriación de los nacionales varados en Haití. ¿Realmente existe la obligación?
En primer lugar, en Cuba —un tema recurrente en las dinámicas entre la Administración cubana y su diáspora— no existe un marco normativo específico que defina las obligaciones o el tipo de asistencia consular que las embajadas y sus funcionarios pueden y deben brindar a los cubanos en el extranjero.
La ausencia de directrices claras no se limita únicamente a la evacuación en casos de emergencia. La incertidumbre y la falta de información también prevalecen en aspectos como los servicios consulares destinados a cubanos que han sido víctimas de delitos en el extranjero o que requieren asistencia individual urgente. A pesar de que Cuba es el segundo país de Latinoamérica con el mayor número de representaciones diplomáticas en el mundo, las sedes suelen operar más como canales para la expansión de influencia política que como entidades de apoyo a la comunidad cubana esparcida por el mundo.
No existe disposición legal alguna que obligue a las autoridades de La Habana a evacuar a los cubanos que se encuentran en Haití; lo cual no quiere decir que los cubanos no tengan el derecho a pedir al Gobierno de la isla asistencia material en casos de crisis y a exigir transparencia en relación con las medidas de auxilio que dicen implementar.
OTROS GOBIERNOS TAMPOCO RECONOCEN LA OBLIGACIÓN DE RESCATE
Contrario a lo que algunas personas han afirmado, la obligación de evacuar y repatriar a ciudadanos en situaciones de emergencia en el extranjero tampoco ha sido formalmente reconocida por otros Gobiernos. Aunque la falta de reconocimiento oficial no les ha impedido —atendiendo a un compromiso más político que legal— a esos Gobiernos emprender de forma frecuente acciones para evacuar a sus ciudadanos y dependientes que se encuentren en situaciones de crisis en el extranjero.
Los Gobiernos de países como Estados Unidos y Canadá rutinariamente —incluida la reciente crisis en Haití— han emprendido esfuerzos para rescatar a sus nacionales atrapados en conflictos armados, en graves disturbios sociales o en desastres naturales en otros países.
Pero tanto el Gobierno canadiense como el estadounidense, a pesar de sus intervenciones, han mostrado reticencia en reconocer su obligación de rescate y repatriación. La ejecución de evacuaciones implica, con frecuencia, una compleja coordinación diplomática y militar. La habilidad de Gobiernos extranjeros para realizar evacuaciones en territorios que no controlan depende de diversos factores —incluida la geografía, las relaciones diplomáticas con el país en crisis y la disponibilidad de recursos militares propios y de sus aliados—. Por esas razones, algunos Estados se han negado a reconocer ese tipo de intervenciones como «obligación». Reconocer la obligación convierte la exigencia de rescate en un derecho que puede esgrimir la ciudadanía para forzar acciones que no siempre podrían ser materializadas por los Estados.
Paradójicamente, algunos Gobiernos que niegan la obligación de rescatar a sus ciudadanos en situación de crisis en el extranjero —sobre todo los Estados fuertes—, defienden de forma paralela el «derecho» a intervenir (incluso militarmente) en un tercer país para rescatarlos.
DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN DE NACIONALES EN EL EXTRANJERO
Por ejemplo, el 8 de agosto de 2008, unidades rusas (tanques, soldados y aeronaves) atravesaron la frontera hacia Osetia de
