MADRID, España. – El nombre de Fernando Albán Torres ha vuelto a las noticias por estos días, pero es un viejo protagonista de la represión gubernamental contra activistas de derechos humanos en Cuba. Esta vez se relaciona su nombre con un supuesto delito económico: aparentes vínculos corruptos de su mipyme con el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil.
Su historia al servicio del oficialismo data por lo menos de 2002, cuando siendo presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la Universidad de Camagüey, participó en actos de repudio contra los jóvenes Harold Cepero Escalante y Yoan Columbié Rodríguez.
Como miembro del comité gestor del Proyecto Varela en Camagüey, recuerdo perfectamente que denunciamos el papel de Fernando Albán Torres ante la Fiscalía de la provincia. Contamos con los documentos y los ponemos a disposición de todos. No solo aparece el nombre de Albán Torres, sino los de otros represores que participaron en la reunión de expulsión de Roger Rubio Lima del Instituto Superior Pedagógico “José Martí” y en los actos de repudio contra Cepero y Columbié.
De este caso, pueden y deben extraerse varias lecciones.
Desde el punto de vista democrático, han fallado los mecanismos de debida diligencia en casos tan señalados. Resulta incomprensible que la mipyme de Fernando Albán T