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En ocasión de celebrarse en Cuba el 13 de marzo el día del arquitecto, fecha en que quedó constituido en 1916 el Colegio de Arquitectos de La Habana y en que, 41 años más tarde, fue asesinado el estudiante de Arquitectura José Antonio Echeverría por la policía batistiana, se han desarrollado numerosas actividades culturales dirigidas a recuperar el papel marginal que ha ido recibiendo en el país la actividad arquitectónica.
Hablar de arquitectura no es solo discutir sobre el valor de la obra proyectada o construida, sino reflexionar además sobre las condiciones en que se ejerce esa práctica. ¿Quién proyecta, cómo, para qué, para quién? ¿En qué condiciones se ejerce en Cuba en la actualidad? ¿Son estas las mismas cuando el cliente es el Estado o el sector privado? Son muchas las reflexiones que nos debemos.
No cabe duda de que la decisión de autorizar la libre compraventa de viviendas en 2011 cambió el panorama en las ciudades cubanas. A partir de ahí emergió y se incrementó bruscamente el mercado inmobiliario, comenzó a expresarse una creciente demanda de proyecto arquitectónico para reformas y rehabilitaciones constructivas y empezaron a multiplicarse los llamados estudios de arquitectura, creados en su mayoría por jóvenes graduados, sin una cobertura legal clara, pero que fueron constituyéndose y organizándose cada vez más.
Ya en febrero de 2018 aparece una página en Facebook a nombre de GECA (Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura) y al año siguiente se constituye una sección de base en la UNAICC (Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción) con el fin de cubrir institucionalmente de algún modo la creciente actividad de dichos estudios.
En julio de 2020 el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) anunció una inmediata reorganización del sector privado —tímidamente bautizado como un “redimensionamiento del sector no estatal”— con lo que se crearon grandes expectativas sobre la posibilidad de, por fin, ejercer profesionalmente de manera independiente. El anuncio de que iba a revisarse la lista de las actividades permitidas para limitarla solamente a las prohibidas incrementó todavía más las esperanzas.
Comenzaron a dirigirse cartas al presidente de la República, al ministro de la Construcción solicitando el reconocimiento de la práctica independiente (respecto de las empresas estatales) y en febrero de 2021 el ministro de la Construcción citó a un grupo de representantes de GECA para oír sus planteamientos.
Dos meses más tarde, y en contra de todo pronóstico, en el VIII Congreso del Partido se leyó el Informe al Comité Central donde se afirmaba textualmente:
Sin siquiera haber implementado esta importante decisión, se ha demandado el ejercicio privado de algunas profesiones mientras a las demás no se les permite. Parecería que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan en algunos el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de más de seis décadas. Por ese camino, en poco tiempo se desmontarían también los sistemas nacionales de educación y de salud pública, ambos gratuitos y de acceso universal para todos los cubanos.
En efecto, cuatro meses más tarde, en agosto de ese año fue publicado el Decreto 49 sobre las actividades no autorizadas, que prohibía explícitamente el ejercicio no estatal de actividades profesionales relacionadas con la arquitectura y la ingeniería.
El conflicto entre la enorme demanda de arquitectura acumulada y su prohibición era evidente. Estaba claro que el compromiso de la Revolución de resolver el problema de la vivienda no se había podido alcanzar.
En su más reciente esfuerzo por resolverlo, el Micons había propuesto un programa de construcción de vivienda desde 2018, que aspiraba a construir más de medio millón de nuevas viviendas en diez años y se comprometía, además, a rehabilitar más de 400 mil.
Los resultados reales hasta hoy son desoladores: al cabo de seis años solo se ha construido alrededor de la mitad de lo planificado y en el sector estatal el cumplimiento no alcanza ni el 25 % del plan en el último año.
Ello permite suponer que buena parte de la solución deberá seguir siendo asumida por las propias familias, que requerirán de un proyecto de arquitectura específico. La respuesta no podrá consistir en los proyectos típicos de los grandes planes estandarizados y repetitivos de nueva vivienda sino de individualizadas acciones de construcción y, sobre todo, rehabilitación.
Por si fuera poco, la actividad económica privada requiere a menudo de adaptaciones y remodelaciones de los locales para ejercer su actividad productiva o de servicios y ello necesita también de proyectos específicos.
Preocupados y ocupados por esta contradicción, en la mencionad