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Desde 2021 el número de cubanos beneficiados por el Sistema de Atención a la Familia (SAF) cayó al menos un 22 %. En enero de 2021 el entonces viceprimer ministro Marino Murillo informaba que 76 176 personas acudían regularmente a los comedores del SAF en busca de almuerzos y comidas a precios subsidiados; en octubre de 2023 ese grupo se había reducido a “más de 59 mil”, según se informó en una reunión presidida por el primer ministro, Manuel Marrero.
La tendencia no es coherente con la crisis económica en la isla y su dinámica demográfica, marcada por el envejecimiento y en un contexto en el cual, según la directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass), Virginia García, en agosto de 2023 más del 70 % de los pensionados en Cuba cobraba pensión mínima.
Entre 2020 y 2023 los ancianos no solo pasaron a representar más del 22 % de la población total de Cuba, sino que además en una proporción creciente cayeron en condiciones de vulnerabilidad debido a los bajos ingresos y la ausencia de familiares más jóvenes en sus núcleos famliares a causa de la migración, entre otras razones.
Ante tales circunstancias, las plazas del SAF deberían haberse incrementado.
En 2021 los jubilados constituían el 47,5 % de los inscritos en el servicio. Los otros grupos con mayor presencia en los comedores del SAF eran las personas definidas como “casos sociales” 1 (21,9 %) y los asistenciados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (15,9 %).
En octubre de 2023, al analizar el trabajo del SAF en la reunión citada al inicio, no se explicaron las causas por las que habían disminuido las capacidades del servicio a pesar de que en todo el país funcionan los mismos 1 445 establecimientos que dos años y medio antes. En el encuentro, convocado en el Palacio de la Revolución para abordar el “perfeccionamiento de este Sistema”, se determinó que la responsabilidad fundamental en cuanto a los comedores recae en los gobiernos locales, a los que el Primer Ministro “llamó a buscar alternativas que garanticen una dieta balanceada y una estabilidad en los suministros”.
“Autogestionados” y con pérdidas
Cada mes, el SAF La Colmena, en Camagüey, le ocasiona entre 100 mil y 150 mil pesos de pérdida al complejo gastronómico Rancho Luna, al cual pertenece. “Es un programa que tiene un precio de 13 pesos almuerzo y 13 pesos comida, insuficiente para cubrir la adquisición de lo que se oferta. Los abastecimientos asignados tampoco alcanzan. Tenemos que usar productos gastronómicos a altos precios para este programa, que es priorizado y no puede fallar”, explicó a comienzos de febrero el administrador de La Colmena. Antes de comenzar el Ordenamiento, el precio de las raciones oscilaba entre 3 y 5 CUP.
Desde su creación en 1998, el SAF operó bajo un modelo que vinculaba sus unidades con otras de la gastronomía “tradicional”, como restaurantes, cafeterías y centros de elaboración. Sin embargo, el Sistema funcionaba de manera independiente, a partir de asignaciones propias.
Los primeros cambios ocurrieron durante el proceso de “eliminación de gratuidades indebidas” en la década de 2010, cuando las entregas de insumos se hicieron menos generosas y se volvieron irregulares ofertas como los postres y el pan. Por entonces, los comedores comenzaron a ser subordinados a las UEB (Unidades Empresariales de Base), suerte de pequeñas empresas de la gastronomía que agrupan a varios establecimientos para abaratar costos.
Se buscaba que los “padrinos” del SAF los ayudaran a enfrentar intermitencias en los suministros o, incluso, contribuyeran a mejorar los menús. Con la Tarea Ordenamiento ese vínculo pasó a ser de completa dependencia.
“El Ordenamiento fue un desastre para nosotros. De un día para otro dijeron que teníamos que ‘autogestionarnos’, pues las entregas disminuirían, y para compensarlo habría que contratar directamente con los productores y comprar en los mercados agropecuarios al mismo precio que la población. En teoría, la mayor parte de los gastos debíamos cubrirla con el cobro de los menús, y el resto, con otras ofertas que se les venderían a los viejitos y a la población en general. Pero parece que nadie contó con que los precios de las materias primas seguirían subiendo y ya no sería posible volver a subirles los menús a los asistenciados. Vendo los almuerzos y las comidas a entre 12 y 15 pesos, en dependencia de lo que haya. Las 60 raciones del mes vienen saliendo en alrededor de 800 pesos por persona. ¡Imagínese el esfuerzo que tiene que hacer un jubilado que cobre 1500 pesos de pensión, para comprarlos! Y casi todos los que atendemos pertenecen a los grupos de pensiones
