La noticia es que la congresista del ala izquierda del Partido Demócrata, Ilhan Omar, representante del 5to distrito de Minnesota visitó Cuba y pidió un cambio en la política hacia Cuba. Ya habíamos reportado sobre el viaje que no fue cubierto por la prensa y que ahora es que se conoce con más detalle
Omar vino a Cuba junto a la representate también demócrata Pramila Jayapal, del Estado de Washington, en un viaje que logró mantenerse al margen de los medios de comunicación y se filtró días después de que se produjera. El grupo de al menos 10 personas también incluía a un miembro de staff de la congresista demócrata por California, Bárbara Lee.
Los representantes de origen cubano ya han anunciado una conferencia de prensa para «condenar el viaje secreto del Squad (como se le conoce informalmente a este grupo) y visibilizar las atrocidades de derechos humanos del régimen comunista de Cuba».
Asistirán Nicole Malliotakis del onceno distrito de Nueva York; María Elvira Salazar, y sus colegas Carlos Giménez, y Mario Díaz Balart, todos de la Florida.
Hace algunas semanas, Salazar organizó una audiencia en el Congreso en la que excluyó a la representante demócrata Bárbara Lee, para intentar demostrar que el sector privado cubano que agrupa a unas 10.000 empresas y emplea al 35 por ciento de los cubanos, era un mito.
La demócrata Ilhan Omar publicó el video en la red social X en la que habló frente a sus colegas sobre su visita a Cuba. Expresó su «profunda frustración» por la continuidad de las políticas de la era de Trump hacia Cuba.
Omar afirmó que la designación de Cuba como terrorista afecta a los aliados de Estados Unidos. «Me reuní con muchos Embajadores de países cercanos de Estados Unidos cuando estuve en Cuba y estaban unánimente en contra de la designación de Cuba como promotora del terrorismo. Trump y Pompeo crearon esta designación que no tiene razones y era más una trampa política para la Administración de Biden».
Esta noticia significa que la disputa del tema Cuba coge temperatura en el Congreso. Las fuerzas al interior de Estados Unidos que empujan un cambio de política, ya sea por intereses económicos, o por la insensatez política de continuar un camino que promueve la emigración.
Nuestra opinión es que el ala más progresista del partido demócrata, exigiendo a Biden que haga una política propia y coherente con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, pone una dosis de sentido común a lo que parece ser ya una esquizofrenia colectiva de un grupo político que empuja por una misma política que no ha obtenido los resultados prometidos desde los años 80, y que necesita el sostenimiento del status quo en Cuba para continuar teniendo combustible político que los mantenga en sus asientos en el Capitolio de Washington.
La izquierda del Partido Demócrata se enfrenta a la extrema derecha del Partido Republicano, mientras, la Administración Biden persiste en la inacción.
Los derechos aceptados y rechazados
La noticia es que el 4 de marzo se hizo público el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos con «Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado». En dicha misiva se indicó que el gobierno cubano aceptó 292 recomendaciones, tomó nota de 41 y rechazó 28.
El documento afirma que «Cuba participó constructivamente en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)», también agrega que «el Gobierno cubano mantiene su compromiso de mantener un diálogo franco, recíproco y genuino relativo a los temas de derechos humanos».
La mayoría de las recomendaciones rechazadas están vinculadas con la puesta en libertad de las personas encarceladas a partir de los sucesos del 11j, así como otros presos considerados por los países emisores como políticos o de conciencia. También se refutaron otros planteamientos encaminados a la legalización de la oposición política, reformas en el Código Penal y otras garantías civiles.
Las razones expuestas por Cuba para rechazar las antes referidas observaciones fueron que «son incompatibles con los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico interno, y cuyo contenido es contrario al espíritu de cooperación y respeto que debe primar en el EPU».
Por otra parte, entre las recomendaciones aceptadas abundaron las que piden «valorar la posibilidad de» adscribirse a tratados internacionales vinculados a los derechos humanos, también continuar o ampliar derechos ya considerados como garantías, o explorar la incorporación de otros. Ejemplo de esto último es la propuesta peruana aceptada, la cual versa sobre «evaluar reformas para prohibir explícitamente la discriminación por motivos de opinión política u origen social en el empleo».
Esto significa que el Estado cubano está dispuesto a escuchar recomendaciones de organismos multilaterales y de otros países sobre la situación de los derechos humanos en la Isla. No obstante, continúa renuente a modificar aspectos estructurales de su sistema político que los considera como principios básicos.
Asimismo, al menos por ahora, no está dispuesto a negociar en estos espacios de forma pública la excarcelación de los presos del 11j.
Nuestra opinión es que Cuba no es el único país que rechaza recomendaciones por considerarlas incompatibles con su sistema político o porque afectan cuestiones de s