Crimen y castigo
Las condenas penales fueron noticia esta semana. La más notoria se dio a conocer este 14 de febrero en los medios oficiales. Se trató de un «juicio ejemplarizante» —como afirmó la Televisión Cubana— por un crimen cuyo objetivo principal era el robo y sacrificio de ganado, y terminó con la vida de un campesino en Cienfuegos. El acto implicó a cuatro personas, pero quien ejecutó el asesinato fue sentenciado a privación perpetua de libertad.
Otro juicio fue reseñado en el Noticiero Nacional el día 16. Ocurrió de forma pública en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, e implicó peticiones fiscales de entre 20 y 30 años de privación de libertad para «los involucrados en una operación de narcotráfico nacional en el oriente del país» que también incurrieron en los actos de atentado y portación ilegal de armas y explosivos.
Según la información aportada en el reportaje, la «cadena delictiva» tenía su base en Jamaica con una contraparte en Cuba para introducir droga por vía marítima y comercializarla. Entre lo ocupado estuvieron 300 libras de mariguana, gran cantidad de dinero, armas de fuego y medios de comunicación satelital. Asimismo, se indicó que los implicados pretendían utilizar el mecanismo creado para traer sustancias ilegales sintéticas y cocaína.
Carlos Antonio Martín García, fiscal provincial del departamento de procesos penales de Santiago de Cuba, afirmó que el Código Penal cubano para el tráfico de drogas prevé sanciones «que oscilan entre los 4 y 30 años de privación de libertad, sanción perpetua de libertad o muerte».
Esto significa que el gobierno cubano no renuncia a usar abiertamente un discurso de escarmiento en la aplicación de justicia por parte de los tribunales.
Durante esta semana el controversial espacio televisivo Hacemos Cuba compartió algunas estadísticas sobre los procesos penales cubanos. En 2023 la Fiscalía «aseguró» con prisión provisional al 73% de los presuntamente responsables de cometer delito, asimismo el 89,5% de las sanciones interesadas por los fiscales implicaron el internamiento.
Opinamos que, si bien es positivo que los medios estatales informen sobre delitos graves ocurridos en el país, el punitivismo y su instrumentalización discursiva, son estrategias que ponen en duda la aspiración de impartir justicia con una base racional, humanista y ajustada a los hallazgos de las ciencias sociales en general y en particular de las propias ciencias jurídicas.
Más allá de que la sanción sea o no justa y apegada a las leyes, un juicio llamado abiertamente «ejemplarizante» por medios estatales expresa una concepción clásica del castigo que las nociones científicas más actuales —provenientes principalmente de las corrientes de pensamientos de izquierdas— quieren dejar atrás.
La solución, claramente, no está dejar sin castigo a crímenes que afectan la vida de la ciudadanía, sino en analizar y tener en cuenta la diversidad de causas que los estimulan, así como ampliar el abanico de opciones jurídicas para su cause legal.
La leche demorada
Fue noticia esta semana, además, el problema que enfrenta Cuba para abastecer al país d
