Este 13 de febrero la televisión cubana retomó la salida al aire del programa Hacemos Cuba, que regresará de forma habitual a las pantallas los miércoles alternos al concluir la emisión estelar del Noticiero de la Televisión Cubana.
Con la conducción de Humberto López, el espacio que se hizo célebre por denunciar actos violentos financiados desde el exterior como por desacreditar a figuras y grupos opositores, a partir de ahora se centrará en el «combate popular contra las indisciplinas sociales e ilegalidades».
En esta ocasión contó con la presencia de Alina Montesino Li, vicefiscal general de la República; el coronel Hugo Morales Karell, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, y Reynol Pérez Fonticoba, vicecontralor general de la República.
El coronel Hugo Morales Karell aseguró que no hay impunidad a la acción delictiva por parte de los comisores, gracias al trabajo conjunto del Ministerio del Interior con el resto de las organizaciones políticas y de masas.
Por su parte, la vicefiscal general de la República declaró que Fiscalía asume una mayor exigencia en el cumplimiento de la ley por todos los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos. Ante las denuncias de la población por infracciones de la ley en las entidades económicas, se incrementó «el control de la investigación penal» y «la severidad en la solicitud de medidas cautelares en los ilícitos penales, especialmente de la prisión provisional y en la solicitud de penas de internamiento».
Según las cifras presentadas en el programa, durante el año 2023 la Fiscalía recibió 627 denuncias de la población, que manifestaban infracciones que se estaban cometiendo en entidades económicas. En el 58,8% se determinó que, en todo o en parte, les asistió la razón a los promoventes y «aseguró» con prisión provisional al 73% de las personas presuntamente responsables de cometer crimen.
Se «aseguró» con prisión provisional al 73% de los presuntamente responsables de cometer delito. El 89,5% de las sanciones interesadas por los fiscales implicaron el internamiento.
De ellos, 91% en delitos asociados a la violencia y las