Desde que Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, anunció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2023 las nuevas medidas para corregir distorsiones en la economía, se ha reflexionado bastante sobre el potencial impacto negativo de estas.
Una buena parte de los análisis se ha concentrado en las afectaciones que el paquete de medidas tendrá a nivel macroeconómico y en la vida cotidiana de los sectores más pobres de Cuba (jubilados y pensionados). Por la razón anterior, propongo una perspectiva centrada en los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) y en cómo afecta su realización la nueva temporada de ajustes económicos.
En la Constitución cubana de 2019, al igual que en su predecesora de 1976 —reformada en 1978, 1992 y 2002—, se reconocen varios derechos económicos, sociales y culturales. Habitualmente, las autoridades los presentan como conquistas del socialismo y de la Revolución y enfatizan en el compromiso estatal con su protección. Pero la realidad es otra, en particular tras el desastre social y económico derivado de la Tarea Ordenamiento.
Es obvio que las afectaciones a los DESCA no se iniciaron con el ordenamiento ni luego de los sucesivos ajustes económicos desarrollados desde el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2011. El deterioro de la tutela jurídica-material comenzó a notarse con especial énfasis desde la crisis económica de los años noventa. Sin embargo, en este artículo me concentraré en la desprotección material de los DESCA a partir de la entrada en vigor del texto constitucional de 2019 y de las reformas económicas efectuadas desde entonces.
Con base en la lectura de la carta magna vigente y en la comparación con su antecesora de 1976, es posible afirmar que el catálogo de los DESCA de la primera es un poco más amplio que el de la segunda. A los derechos a la educación, la salud, el deporte, la cultura, el trabajo, el descanso y la asistencia y seguridad sociales —entre otros— se añadieron el acceso a una vivienda adecuada, a la alimentación y al agua. Además, la práctica político-jurídica posterior a la reforma constitucional de hace casi cinco años ha demostrado la existencia de la voluntad estatal de adoptar legislaciones vinculadas con la protección formal de los DESCA.
Tres ejemplos paradigmáticos son la aprobación de las Leyes de Pesca, de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Fomento y Desarrollo de la Ganadería. Miguel Díaz-Canel Bermúdez criticó la implementación de las disposiciones normativas anteriores porque no fueron instrumentos idóneos para aumentar la producción de alimentos en Cuba.
Si bien es cierto que las leyes —en cuanto garantías jurídico-formales de cualquier derecho— son importantes, la ineficacia de las legislaciones para aumentar la producción de alimentos demuestra que la protección de los DESCA depende también de condiciones materiales idóneas. Las leyes por sí mismas no coadyuvan a producir más alimentos ni elevan la calidad de servicios básicos (salud y educación). Por ello, el principal problema para el aseguramiento de los DESCA en el contexto cubano es el continuo menoscabo de las garantías materiales.
El análisis de varios indicadores económicos y sociales valida la última afirmación. Al menos desde 2015 se dedican más recursos del presupuesto del Estado a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler —gastos vinculados de forma directa con el turismo— que a la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Similar ocurre con la educación, la salud y la asistencia social. Desde antes de aprobarse la Constitución de 2019, se registraba un deterioro de los niveles de inversión en se