La educación en Cuba preocupa a familias y a profesores, que cada día ven más problemas y menos soluciones. Falta de recursos, de docentes y una sobrecarga hacia el lado de la responsabilidad familiar llevan el debate público a los recursos materiales con que cuenta —o debería contar— el sector para garantizar la calidad del proceso educativo. En medio de una crisis económica que se agrava es relevante saber cuánto dinero destina el país a la educación y para qué se utiliza.
Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, dijo en diciembre de 2023 que el presupuesto del Estado respaldaría una matrícula de 1 388 000 estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza y de 389 392 estudiantes en la educación superior.
Añadió, además, que el Estado incluía en su presupuesto los gastos por transportación, alimentación en círculos infantiles, seminternados, centros internos y hogares de niños y adolescentes sin amparo familiar; recursos de base material de estudio y de vida y la merienda escolar para secundaria básica.
Regueiro Ale no habló de mantenimiento a inmuebles o inversiones ni dio detalles sobre cómo se distribuiría el dinero por territorio o programas. Tampoco especificó el monto total del que se dispondría. La ley 164/2023 del Presupuesto del Estado para 2024, publicada en la Gaceta Oficial, no ofreció detalles al respecto.
Lo más tangible que se puede esperar en el sector educativo es el aumento de salario para algunos docentes; el resto, está por ver. El incremento salarial supone un crecimiento de unos 25 millones de pesos en el presupuesto. Se tendrá en cuenta la antigüedad y puede suponer de 500 a 3 000 pesos más al salario en dependencia de la categoría del trabajador.
La medida es un paliativo insuficiente desde el Estado para hacer notar la preocupación por un sector que, a pesar de tener históricamente una de las partidas presupuestarias más grande, no logra mantener los estándares de calidad.
Al término de septiembre de 2023, se registró la falta de 17 278 docentes en las escuelas del país, según informó al noticiero de la televisión cubana Marlén Triana Mederos, directora general de Educación Básica. En Secundaria Básica faltan al menos 3 200 profesores, por lo que la cobertura era del 88.9 %, a casi dos meses de iniciado el curso.
De acuerdo con la prensa estatal y con los testimonio de varios educadores de La Habana, las condiciones en las que trabajan los profesores —sobrecarga de contenidos, horas extras sin retribución y un salario irrisorio— provocan la desvinculación del sector. Otros docentes se quejan de las pésimas condiciones en que imparten las clases. Según pudo comprobar elTOQUE en varias entrevistas, a las causas anteriores se suman los burocratismos y las dificultades para llegar al trabajo debido a la crisis del transporte.
Varias madres se han quejado en las redes sociales porque sus hijos no cuentan con el material escolar necesario —en particular, libros y cuadernos a los que tienen que acceder desde el mercado informal a altos precios. Han protestado, además, por la escasez, poca calidad y variedad de los alimentos en los comedores escolares.
La preocupación de muchas familias debido a las carencias en un sector que es clave en materia de bienestar social y de derechos es natural. Es lógico que le exijan al Gobierno mayor transparencia en el uso de los recursos y medidas más efectivas para abordar la crisis. No es suficiente con que un ministro diga en televisión nacional que el presupuesto garantizará la educación, son necesarios datos y elementos que se puedan fiscalizar y permitan a la ciudadanía conocer las proyecciones reales a corto, mediano y largo plazos.
Cuando se revisa el presupuesto estatal para la educación no es posible obtener datos suficientes para analizar la situación logística del sector ni hacer inferencias sobre el resultado de políticas específicas.
Por ejemplo, el presupuesto destinado a la educación en los últimos años no muestra reducciones significativas (no se cuenta con datos de 2023 ni con la proyección para 2024), pero tampoco aumentos que compensen la realidad económica de los hogares y las desigualdades que genera.
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A partir de 2021, se evidencia un crecimiento que está asociado con las medidas de ordenamiento económico y con los ajustes en las tasas de cambio en el país —por lo que el monto asignado es muy superior al de años anteriores—; pero con respecto al total de gastos y al producto interno bruto (PIB) los valores son similares a