El sistema de Salud cubano es uno de los que más recursos recibe cada año del presupuesto del Estado. Para 2024 se planificó el 26 % del gasto social en el rubro. Sin embargo, ¿son suficientes los recursos para garantizar la prestación de servicios médicos de calidad en el país?
Aunque las autoridades prometieron que 2023 sería diferente, el primer ministro Manuel Marrero admitió desde el comienzo del año pasado la incapacidad del Gobierno para abordar de manera efectiva los principales problemas que aquejan a los cubanos. Argumentó que la carencia de ingresos en divisas dificultaba la obtención de recursos para satisfacer las necesidades de Salud de la población. Para 2024 no se avizoran cambios.
Las denuncias en redes sociales sobre la escasez de medicamentos, la mala alimentación de los pacientes, la insalubridad en los centros hospitalarios y la falta de ambulancias —que en ocasiones no llegan a tiempo para salvar vidas— son cada vez más frecuentes. A las quejas, se suman las peticiones de visas humanitarias para quienes no tienen tiempo de esperar que el Estado solucione la crisis sistémica y que desean encontrar en otro país una cura o al menos una atención digna.
Otra arista del problema es la renuncia del personal decepcionado por los bajos salarios y por las condiciones laborales desfavorables. Tanto la falta de medicinas como el mal funcionamiento y la obsolescencia de los medios técnicos hace que brindar un servicio eficiente sea prácticamente un acto de magia, por lo que a menudo se requieren los recursos que el paciente sea capaz de proveer. Desde ese momento, la atención médica en Cuba deja de ser gratuita y universal.
¿En qué se gasta el dinero en Salud Pública?
El Gobierno central define las prioridades del sistema Salud cubano. El Ministerio de Salud Pública es el responsable de determinar cómo ejecuta los recursos financieros que le asignan. Entre ellos, el gasto de hospitales, policlínicos, hogares maternos, bancos de sangre, consultorios, la compra de medicamentos, equipos médicos, la adquisición de transporte sanitario e insumos esenciales y el pago a los médicos y los trabajadores del personal de Salud.
El sector ha sido el mayor beneficiario de los fondos asignados al gasto social. Durante la última década, la inversión en Salud Pública ha aumentado gradualmente, aunque no de manera uniforme. A partir de 2015, los montos ascendieron a más de 10 millones de pesos y sobrepasaron los 12 millones en 2020; pero la mayor contribución ocurrió en 2021 cuando los recursos representaron el 14.3 % del producto interno bruto (PIB), la mayor inversión que ha recibido el sector.
Sin embargo, el incremento no respondió a la voluntad del Gobierno para resolver los problemas del sector. Estuvo condicionado por los recursos sanitarios que demandó la pandemia de la COVID-19 y por el aumento nominal de los fondos estatales tras la unificación monetaria en enero de 2021. Para el enfrentamiento de la enfermedad se destinaron 1 676 millones de pesos en 2020 y 17 000 millones en 2021.
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En 2022, el gasto en Salud disminuyó en más de 17 millones de pesos, equivalente a una caída del 22.5 % con respecto al año anterior. Si se compara el descenso con el PIB, ese año el gasto de Salud representó el 9.6 % del PIB —la cobertura más baja desde 2014 hasta ese momento—. No obstante, el resultado es notable para los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda un gasto público por encima del 6 % del PIB como condición necesaria para reducir las inequidades en la cobertura sanitaria.
Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sitúan el gasto per cápita en Salud de la isla entre los más altos de la región, un indicador que muestra cuánto dinero destina el Estado para la atención médica de cada ciudadano.
De acuerdo con el informe «Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe» (2020), en 2017 Cuba gastó 2 484 dólares por persona según la paridad de poder adquisitivo (PPA) —una tasa que convierte una cantidad determinada a dólar internacional para igualar el poder adquisitivo de diferentes monedas, lo que elimina las diferencias en los niveles de precios entre los países—.
A nivel regional, entre 2010 y 2017 el gasto promedio en Salud en América Latina y el Caribe fue de 1 251 USD por persona. Sin embargo, las cifras analizadas a partir de los datos públicos que proporciona la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) revelan otra realidad.
Entre 2015 y 2019, Cuba mantuvo un promedio de inversión anual de 924 CUP por persona. A partir de ese período, se registró un crecimiento que alcanzó cifras récords en 2021, luego del incremento de los gastos totales a escala nominal tras la implementación de la Tarea Ordenamiento. En 2021, el gasto por habitante fue 7 030.8 CUP. En cambio, en 2022 hubo una disminución del 22.4 %, con un monto anual equivalente a 5 454.2 CUP por persona.
Si se contrasta la cantidad que se gastó en 2022 con su equivalente en dólares estadounidenses, se revela el valor real. Según la tasa oficial vigente a finales de 2022 (1 USD = 123.6 CUP), el gasto per cápita en Salud fue 44 USD aproximadamente; mientras que bajo la tasa informal (1 USD = 173) representó apenas 14.2 USD.
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Centros de atención médica
De 2010 a la fecha han cerrado 63 hospitales, 37 consultorios médicos de la familia, 187 hogares maternos y 45 clínicas estomatológicas, según el resumen más actualizado de la Oficina Nacional de Estadística e Información, correspondiente a 2022.
Algunos de los inmuebles se han unido a otros centros de Salud, pero otros han sido arrasados por el deterioro. Un ejemplo es el policlínico José Martí, en Camagüey, que en 2023 suspendió sus servicios ante la amenaza de derrumbe.
Actualmente, hay en funcionamiento 13 454 unidades de asistencia médica en el país. La mayoría muestra señales de abandono. El testimonio de varios pacientes descubre la otra cara de las instalaciones sanitarias; a saber: sistemas eléctricos y de climatización ineficientes; paredes con moho y filtraciones; habitaciones superpobladas; presencia de insectos (cucarachas y mosquitos); ventilación inadecuada; y escasez de agua potable —entre otras condiciones que atentan contra el confort, la seguridad de los enfermos y la calidad de la atención—.
Ailuj Casanova Barreto, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap, anunció a mediados de 2023 que 1 626 consultorios no recibían agua corriente; de ellos, solamente 65 habían solucionado la situación. A su vez, reconoció que 3 314 de los centros dedicados a la atención familiar se encontraban en regular o mal estado constructivo.
Además de los problemas estructurales, la falta de inversión en tecnología y el limitado equipamiento médico afectan el servicio sanitario. El Gobierno informó que 801 consultorios comparten más de dos equipos básicos de Salud. La funcionaria del Minsap aclaró: «han sido recuperados 83 equipos de ultrasonidos de 160 que estaban defectuosos. El coeficiente de disponibilidad técnica de los electrocardiógrafos es de 74.34 %, existiendo 149 equipos dañados».
En 2023, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió el prolongado tiempo de respuesta del transporte sanitario, una situación que atribuyó a problemas organizativos y al déficit de ambulancias —cuya disponibilidad en ese momento era apenas del 39.6 % de la demanda—.
En diciembre de 2023, el Gobierno adquirió 99 ambulancias por un valor de 4 millones de dólares, de ellas, 50 son nuevas. Aun así, las autoridades han reconocido que la inversión no es suficiente para satisfacer la demanda en los territorios. De acuerdo con Portal Miranda, está previsto distribuir entre cuatro y cinco vehículos por provincia.
Medicamentos
El acceso a medicamentos ha sido un desafío recurrente en el país. Los cubanos se han visto obligados a acudir a familiares en el extranjero, al mercado negro o a la publicación de mensajes a través de las redes sociales para encontrar medicinas e insumos que escasean en farmacias y hospitales.
Uno de los casos que trascendió fue el de Sarai Martines, una madre residente en Holguín que recurrió a Facebook para pedir valproato de sodio y lamotrigina, dos medicamentos esenciales para tratar las crisis de epilepsia que padece su hijo. «Ya no sé qué hacer. Por el Estado no hay, está en falta. Yo no entiendo, si la vida de mi niño depende de ese medicamento», escribió desesperada.
La solicitud de ayuda relacionada con el valproato de sodio es común. Desde 2018, Cristina Lar