Sudáfrica ha emprendido, con su autoridad y apego a la defensa de la población palestina, un proceso lleno de interrogantes e inseguridad: llevar al Gobierno sionista de Israel ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), para que responda por los crímenes que comete en Gaza.
La nación africana ha recibido el apoyo internacional ante su pedido de justicia, porque son mayoría los pueblos identificados con la necesidad de poner fin al horrendo crimen.
Movimientos sociales, instituciones internacionales y locales, y también muchos gobiernos, condenan el crimen que comete Israel contra el pueblo palestino, por lo que no debería evadirse el castigo.
Sin embargo, dos, tres, o algunos –que no son mayoría ni representan a la comunidad internacional–, han arrebatado a la verdadera justicia su capacidad de ser imparcial y justa, y hablan y actúan en nombre de ella, aunque su aplicación sea todo lo contrario.
La entidad jurídica internacional, en sus primeros capítulos para abordar la demanda presentada por Sudáfrica, ha mostrado sus fisuras y también las posiciones de quienes prefieren, en vez de debates, los oscuros manejos políticos, permeados, en muchos casos, de alianzas con Tel Aviv, o lo que yo diría que es peor: alinearse con lo que diga y haga el Gobierno de Estados Unidos.
Dos antecedentes obligan a esta reflexión. Uno, cuando
