Reclusión domiciliaria para los médicos de Bayamo
Varios medios no estatales publicaron la noticia de que los médicos acusados de mala praxis por la muerte de un paciente, ocurrida en la provincia de Granma en 2021, resultaron finalmente sentenciados a distintas penas de reclusión domiciliaria este 18 de enero.
La fuente es el perfil de Facebook de Katia Sánchez, familiar de uno de los condenados. Según esta información, de los seis médicos procesados, sólo una radióloga acabó absuelta. El resto, fue sancionado a penas que van desde uno hasta tres años, en un régimen de restricción de movimiento. La usuaria que dio a conocer la noticia recalcó que «seguiremos luchando y apelando a las instancias que sean necesario», por lo cual el proceso pudiera continuar.
La reclusión domiciliaria, como aparece definida en el Código Penal, es «la obligación del sancionado de permanecer en su domicilio por el tiempo correspondiente». Los sancionados a esta pena sólo podrán salir de su casa para trabajar, estudiar, participar en actividades políticas oficiales o por otra razón justificada. Esta sanción obliga a los médicos granmenses a permanecer en su municipio de residencia, sin poder mudarse si no cuentan con autorización judicial. Además, estarán obligados a comparecer ante cualquier tribunal que los convoque, todas las veces que sean citados.
Varios de los doctores, además de algunos de sus colegas y familiares, han protestado la sentencia en las redes sociales.
Yoandra Quesada Labrada, que deberá guardar un año y seis meses de reclusión domiciliaria, exigió en Facebook una «revisión exhaustiva» del proceso penal. «No somos asesinos», enfatizó.
El médico William Pérez Ramírez, en una extensa declaración, señaló «las condiciones de trabajo precarias» en el hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, donde se produjo el delito que les atribuye el tribunal. Pérez Ramírez, recién egresado como cirujano, lamentó en la nota que se le prohíba el ejercicio de su profesión. «Perdió la Salud Pública de este país», dijo.
Hasta el momento no hay ninguna nota oficial sobre el cierre de este caso que trajo a la discusión pública, otra vez, el preocupante deterioro de los servicios médicos en Cuba.
Este incidente significa que el sistema de salud cubano se encuentra en una crisis que es cada vez más difícil de ocultar a la opinión pública. La mayoría de los criterios que se han hecho visibles apuntan a que los galenos han sido el chivo expiatorio de un problema que los trasciende.
A partir de lo relatado por médicos y pacientes que también han participado de las discusiones, parece bastante claro que el hospital bayamés no disponía en 2021 de los recursos necesarios para enfrentar determinadas emergencias médicas. Esa situación sigue afectando a otras instituciones de salud.
Opinamos que procesar y sancionar a cinco médicos, aunque la pena impuesta sea menor, es una solución desesperada ante la denuncia de los familiares del joven fallecido. Es el Ministerio de Salud Pública es el que debió ser emplazado.
Es bastante improbable que cinco facultativos con trayectorias destacadas hasta el momento, según afirman varios pacientes en las redes sociales, hayan coincidido en mala praxis con el mismo caso. La lógica parece estar de parte de los médicos, que no tenían los insumos adecuados y tuvieron que improvisar.
La respuesta legal, sin dudas muy necesaria, no puede ensañarse con quienes son el eslabón más débil —y a la vez más necesario— de la cadena.
En situaciones como esta, en la que la crisis económica provoca una muerte, no sirve de nada sancionar a profesionales que son más necesarios que nunca, cuando la migración y la inflación hacen disminuir las cifras totales de médicos y enfermeros en activo.
La percepción de injusticia que ha dejado este caso podría agravar aún más el problema, y motivar a otros profesionales de la salud a desistir del ejercicio de su profesión ante el temor de ser juzgados por una decisión o acción fallida, tomada en condiciones adversas, para salvar la vida de un paciente.
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