Ilustración: Félix M. Azcuy
No se descubre nada nuevo cuando se dice que la economía cubana atraviesa una crisis de oferta de bienes, y que de ahí se derivan después los desequilibrios financieros que están presente en la actualidad. Si eso es así, por qué no priorizar entonces los temas que pudieran impulsar esa oferta, como por ejemplo la postergada ley de empresas.
Sería interesante conocer por qué una ley para la empresa cubana ha tenido tantos crucigramas que atravesar o sesiones de discusión, y cuando me leo el anteproyecto que se ha filtrado, o circula por las redes sociales, no se entiende por qué esa vía crucis.
Me acuerdo de que el Parlamento Nacional en su plan de discusiones la había colocado en el plan de 2022, y de pronto se había decidido hacerlo para el 2023, año que culminó. Entonces ahora habría que esperarla este 2024.
Entre lo que se ha llamado recientemente un Plan de Estabilización Macroeconómica, plan que no se ha divulgado, esta ley de empresas sería algo así como muy importante, si el objetivo es avanzar económicamente. O sea, si no se les da solución a las incongruencias del tejido empresarial cubano, no se puede aspirar a salir del punto de recesión económica en que está Cuba en estos momentos.
En una ocasión las autoridades del país comentaron que se había encuestado a más de 600 empresas estatales y que ello les había permitido discutir sobre el alcance, objetivos y principios de la ley.
Y ahí está uno de los problemas, la nueva Ley de Empresas no puede ser una ley para las empresas estatales, sino para todas las formas de propiedad existente. Y según se sabe, se llamará «Ley de la Empresa Estatal Socialista». Ya de inicio partiría con una incongruencia cuando se apruebe.
Según Alejandro Gil Fernández, ministro de economía, «esta ley ayudará a poner en su lugar muchas cosas asociadas a sus misiones, gobernanza, Juntas de gobierno, OSDE (organización superior de dirección empresarial), asignación de recursos, facultades para promover la inserción internacional y creación de negocios con inversión extranjera, entre otros aspectos».
La nueva normativa tiene que superar la disyuntiva estatal y no estatal, y reconocer los elementos de autonomía empresarial, seguridad jurídica y propiedad que exigen las empresas para poder cumplir sus fines.
Hoy las empresas estatales no son en mayoría el tejido empresarial cubano, aunque desde el discurso de las autoridades se haga énfasis en que es la más importante para el Estado, y claro que lo es en número de activos, de empleos, de valor de producción, en actividades estratégicas, entre otros indicadores. Pero el sector más dinámico en la actualidad en cuanto a generación de empleos, incremento de importaciones, crecimiento en ventas y mejoras salariales, es el de las empresas privadas.
Hay que tener en cuenta que la Constitución cubana plantea en su artículo 27 que la empresa estatal «es el sujeto principal de la economía nacional», y aunque se