LA HABANA, Cuba. – Resulta innegable que, a pesar de lo que exprese el discurso oficial, un grupo de las medidas de ajuste anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero para poner en práctica en el entrante año 2024 van a afectar directamente a la población. Tenemos, por ejemplo, la subida del precio de los cigarros y tabacos, el aumento de la tarifa del agua, la aplicación de nuevas tarifas para el transporte de pasajeros, así como el incremento del precio minorista del gas licuado.
Hay otras medidas comprendidas en el paquetazo económico que, de acuerdo con el punto de vista de las autoridades, están dirigidas a aquellos segmentos poblacionales de mayores ingresos, y por tanto no perjudicarían al ciudadano promedio. Sin embargo, basta un somero análisis para demostrar la falsedad de semejante argumento.
Una de esas medidas se relaciona con la actualización (entiéndase subida) de los precios minoristas y mayoristas de los combustibles. Se trata de una decisión que afectará, entre otros, a los taxistas privados (boteros), que en este momento garantizan en buena medida la movilidad de la población ante las múltiples deficiencias que exhibe el transporte público en todo el país. No se necesita ser muy perspicaz para imaginar que esos transportistas privados podrían exigirles a los pasajeros una tarifa mayor por el servicio que prestan.
Una situación parecida se podría derivar de la medida que consiste en un aumento arancelario a la importación de artículos finales y listos para la venta por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En este caso, y si persistiera la decisión de las mipymes de importar tales productos terminados, y no las materias primas que desea el Gobiern
