Funcionarios del régimen de La Habana anunciaron durante la Asamblea Nacional del Poder Popular que quieren imponer más control sobre el sector privado pero aclararon que no buscan “prohibir ni retroceder” el emprendimiento de los particulares.
Controles a la importación de productos, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario y agrupar a todo el sector privado bajo una entidad del Estado, concebida como un “instituto de atención a actores no estatales”, son algunas de estas modificaciones a las micro pequeñas y medianas empresas (mipymes), que dan empleo a 262.000 cubanos.
En la reunión de la comisión parlamentaria de Atención a los Servicios, las autoridades comunistas criticaron a las mipymes por “la importación masiva y desordenada de productos terminados” y dijeron que esto “se ha convertido en una dificultad que no contribuye a la disminución de los precios”.
Sólo el 4% de las empresas del sector privado se dedican al comercio como actividad principal.
En los últimos meses, las pequeñas tiendas de comestibles, que normalmente operan en casas o garajes privados, conocidas popularmente como “mipymes”, ofrecen muchos productos que no están disponibles en la red de comercio estatal.
El primer ministro Manuel Marrero consideró que los aranceles que pagan por importar productos terminados no son suficientes: “Los aranceles para estos actores son muy bajos. No se han subido, porque no queríamos que se reflejaran en los precios a la población. Pero vamos a regular eso y estimular a quienes importen materias primas para producir aquí”.
El economista Pedro M