El 18 de diciembre de 2023, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz anunció, en una intervención ante la Comisión de Atención a los Servicios, lo que parece ser un nuevo paquete de regulaciones para controlar lo que denominó «distorsiones» del sector no estatal de la economía cubana.
El funcionario aseguró que se habían cumplido dos años desde la promulgación en Cuba del paquete normativo que aprobó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Cumplido el término, el Gobierno estaba en condiciones de «enrutar» las desviaciones detectadas desde septiembre de 2021.
La disposición final CUARTA del Decreto Ley 46 sobre las mipymes estableció que en el término de dos años a partir de la entrada en vigor de la norma el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) debía presentar «una evaluación de los resultados de su implementación y de las modificaciones que se requieran».
Si se atiende la intervención de Marrero Cruz, las modificaciones no serán menores e irán dirigidas a establecer un mayor control estatal sobre la actividad de las mipymes. El paquete normativo que dio lugar a la implementación de los actores económicos fue emitido apenas un mes después de las protestas populares más grandes que ha tenido que enfrentar el régimen cubano en las últimas seis décadas.
La implementación de las mipymes en ese momento —agosto de 2021— fue considerada por varios analistas un paliativo al descontento social y una forma de desviar la atención sobre la represión que por esos días se desplegó contra los manifestantes.
Pero las declaraciones del primer ministro parecen indicar que el Gobierno, que no tiene la misma presión popular de 2021, siente que puede controlar la inflación (el principal problema económico del momento) como bien lo sabe hacer, poniendo la retranca.
Para allanar el camino, Marrero aseguró que la población comenta que el crecimiento del número de mipymes demuestra que el Gobierno lo está privatizando todo. Sin embargo, insistió en el hecho de que los criterios están influenciados por el alto nivel de los precios que imponen las mipymes.
En ese sentido, reconoció que la oferta estatal está deprimida y que las mipymes están adquiriendo en el «mercado ilegal» y a precios muy elevados las divisas que necesitan para importar los productos que después venden sin apenas transformar. Los costos de la divisa adquirida en el mercado informal terminan trasladándose a los precios que tiene que enfrentar la población.
Marrero aseguró que había un grupo de temas que estaban decididos e iban a ser parte de la implementación de nuevas normas diseñadas para el sector no estatal de la economía.
Dentro de los temas zanjados, destaca la decisión del Gobierno de regular la importación «masiva y de manera desordenada (…) de productos terminados o productos listos para la venta».
Marrero reconoció que la posibilidad que hoy tienen varias mipymes —solo el 4 % de las aprobadas hasta la fecha tienen la comercialización como actividad principal— «más que la solución de un gran problema de cara al pueblo ha sido una dificultad que no [las] conduce a disminuir la inflación y no [las] ha conducido tampoco a disminuir los precios».
El también diputado por el municipio Gibara reconoció que, al principio del impulso de las mipymes, el Gobierno cubano creó 72 empresas estatales para que importaran los productos que estas necesitaban.
Asimismo, aseguró que como medida de fomento de ese tipo de actividades establecieron aranceles
