Durante el VI pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle, dijo: «el Estado cubano ha logrado llevar a ley, a la máxima ley del Estado, el derecho que tenemos las mujeres cubanas a vivir una vida libre de violencia y es posiblemente el único país del mundo ―en los estudios comparados que hicimos no encontramos otro― donde este derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia se llevó a rango constitucional».
La afirmación de la funcionaria partidista es FALSA.
La Constitución cubana de 2019 no reconoce explícitamente el derecho de la mujer a una «vida libre de violencia». El artículo 43 del texto constitucional cubano es el más cercano a la declaración de la secretaria general de la FMC. Establece la obligación del Estado —no el derecho de la mujer— de proteger a las mujeres «de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios» y de crear los «mecanismos institucionales y legales para ello».
El cumplimiento de esa obligación estatal ha sido objeto de cuestionamiento en los últimos años en el archipiélago. Organizaciones independientes de la sociedad civil han vigilado de cerca la violencia contra la mujer y han denunciado la precaria situación que al respecto enfrentan las mujeres en el país. Los resultados de los monitoreos han revelado la falta de eficacia de los mecanismos legales e institucionales existentes para salvaguardar a las víctimas de violencia de género.
La labor de organizaciones independientes desempeñó un papel clave en la iniciativa del Gobierno cubano de lanzar, en junio de 2023, un Observatorio sobre Igualdad de Género. Ha propiciado, también, que figuras como Teresa Amarelle reproduzcan comentarios públicos destinados a subrayar la singularidad del sistema de protección contra la violencia de género creado por las instituciones cubanas.
Además de las imprecisiones jurídicas en las declaraciones de la secretaria general de la FMC, informes recientes desafían la singularidad y eficacia del marco institucional cubano diseñado para abordar la violencia de género. Los reportes —oficiales, por demás— confirman que el Estado cubano no ha cumplido con su obligación constitucional y que los informes (alarmantes) de los observatorios independientes son subregistros de una situación cuya gravedad va más allá de la capacidad de la sociedad civil para informar con precisión sobre el fenómeno.
Hasta el 19 de diciembre de 2023, los observatorios independientes cubanos de la revista Alas Tensas y de la plataforma Yo Sí te Creo informaron al menos 84 feminicidios en el país durante el año. Sin embargo, durante el pleno del Comité Central, en el que Amarelle elogiaba las disposiciones const
