El reciente reconocimiento oficial de lo que hace meses era un secreto a voces, el fracaso de la Tarea Ordenamiento, devuelve una pregunta recurrente, ¿quiénes y cómo responden por el fracaso?
Muchos podrán argumentar que la respuesta fue la destitución de Marino Murillo de sus cargos —ministro de Economía, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos y vicepresidente del Consejo de Ministros—.
Sin embargo, la destitución de Murillo (como la de tantos otros antes que él) no puede considerarse una sanción o no al menos una que resarce el daño real del desastre de una decisión política que le han endilgado porque requerían un chivo expiatorio. En cualquier caso, Murillo solamente —como se dice en Cuba— explotó para arriba o para el lado. Pasó de ser el gurú de turno de la economía cubana y de los lineamientos a atender uno de los pocos grupos empresariales rentables del Estado cubano, Tabacuba.
Pero más allá del debate, en Cuba una decisión como la Tarea Ordenamiento no es exclusivamente el resultado del entusiasmo unipersonal de un burócrata; sobre todo después de la muerte de Fidel Castro y del abandono oficial de Raúl Castro de la vida pública. Es la decisión de la fuerza política que controla el país sin otras alternativas y, peor aún, es la decisión de la casta política que tras bambalinas maneja los hilos al margen de cualquier estructura.
Es indiscutible que las organizaciones políticas se enfrentan de manera constante al dilema de conceder a los gobernantes un margen de maniobra suficiente para ejercer el Gobierno, al mismo tiempo que evitan que alcancen un nivel de poder incontenible.
Ante la disyuntiva, las democracias contemporáneas han buscado establecer un equilibrio mediante mecanismos como la accountability — en términos cubanos, la «rendición de cuentas»—.
Accountability vs. rendición de cuentas a la cubana
El 20 de diciembre de 2023 la Asamblea Nacional del Poder Popular se reunirá en el Palacio de las Convenciones. Es muy probable que Alejandro Gil Fernández —quien sustituye a Murillo— ofrezca un informe oral en el que explique nuevamente por qué su Gobierno no logró mejoras en 2023. La propaganda cubana denominará el discurso —que podría ser igual al de seis meses atrás— «rendición de cuentas».
Sin embargo, en muchos lugares del mundo rendir cuentas implica mucho más que reconocer la debacle, pedir más confianza y resistencia y proponer un futuro mejor que nunca llega.
En la teoría política más consensuada, el accountability (o la «rendición de cuentas») comprende dos elementos esenciales, 1) answerability y 2) enforcement.
El concepto «answerability» se refiere a la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de realizar dos acciones fundamentales: a) informar sobre las decisiones que toman y b) explicar y justificar por qué las toman.
Para que exista un adecuado desarrollo de la accountability, no basta —como constantemente repiten los burócratas cubanos— con que se divulguen «oportunamente» qué acciones se llevan a cabo o qué decisiones se esperan tomar. Requiere también que se expliquen y se debatan con la ciudadanía los motivos que llevaron a tomar una decisión en particular. El poder público no puede estar ajeno a la lógica del razonamiento público.
Por eso no basta que los responsables de una decisión salten hacia a
