*Por Carlos F. Domínguez Avila
A partir de la toma de posesión presidencial el 10 de diciembre de 2023, el nuevo gobierno argentino, sustentado por un importante capital político, tendrá que enfrentar desafíos extremadamente complejos. Más allá del apoyo de su propio partido (La Libertad Avanza), la gestión del mandatario será respaldada por otras organizaciones de centroderecha, principalmente aquellas identificadas con la coalición Juntos por el Cambio, encabezada por el expresidente Mauricio Macri y la ex candidata Patrícia Bullrich.
En este marco, Javier Milei y su gobierno tendrán alrededor de cinco o seis meses para impulsar las –radicales– reformas propuestas en su programa. Existen algunas dudas de si, una vez en el sillón presidencial de Rivadavia, el nuevo mandatario optará por la polarización y la imposición de una terapia de shock en los campos económico y social que podrían llevar a una eventual agudización de la conflictividad, o si adoptará un estilo más moderado y pragmático. En ambos casos, la dignidad presidencial y la capacidad de liderazgo serán puestas a prueba. Todo ello con importantes repercusiones tanto dentro como fuera del país.
En lo concerniente a la inserción internacional, es previsible que la agenda económica del nuevo gobierno de Buenos Aires asuma una posición prioritaria, máxime en el contexto de los notorios desequilibrios macroeconómicos que afectan al país. En consecuencia, es probable que haya un sensible acercamiento a los organismos financieros, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo o a la banca privada.
A pesar de los discursos de campaña, no es esperable que el gobierno vaya a deteriorar aún más sus relaciones bilaterales y multilaterales, tanto con potencias económicas como China o Brasil, como con procesos de integración, foros y agrupaciones –ello incluye, entre otros, a la eventual adhesión del país a los Brics+. Desde cualquier punto de vista, los costos de romper con dichos socios económico-
