LAS TUNAS, Cuba. — Concluyendo el pasado noviembre, y como si el prognato régimen castrocomunista hubiera mudado de sexagenario geófago a manirroto vendedor de suelo, en relación a una mera tarifa para superficiarios (la Resolución 271 del Ministerio de Finanzas y Precios), medios independientes dijeron que Cuba vende suelo a inversionistas extranjeros a 34 centavos de dólar el metro cuadrado. ¡Ojalá! Pero la noticia es demasiado buena para ser cierta.
Como bien se sabe (por las leyes de “reforma agraria” del 17 de mayo de 1959 y del 3 de octubre de 1963), los grandes hacendados fueron expropiados y la propiedad privada de la tierra en Cuba fue reducida a sólo 67 hectáreas (cinco caballerías), que es solamente la que pueden poseer en propiedad los llamados “pequeños agricultores” y, según el Decreto-Ley No. 125 sobre propiedad y tenencia de la tierra y bienes agropecuarios, transmitir en venta al Estado (o por herencia) a aquellos familiares que hayan trabajado el terreno cinco años previo al fallecimiento del propietario, convirtiéndose así el castrista en un recalcitrante Estado latifundista.
Aunque en Cuba hay millones de hectáreas de tierras ociosas cubiertas de maniguas que vendiéndolas (en su justo precio) o entregándolas en derecho perpetuo a quienes quieran y puedan trabajarlas pudieran convertirse en bosques productivos, en tierras de pastos para el ganado o en campos de cultivos, invocándolo huero, el artículo 23 de la Constitución de 2019 viene a remachar: “Son de propiedad socialista de todo el pueblo: las tierras que no pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, los yacimientos minerales, las minas, los bosques, las aguas, las playas, las vías de comunicación y los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica de la República.”
Y luego, en el seg