¿Negligencia médica o sistema colapsado?
Fue noticia este 28 de noviembre que seis médicos del hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, esperan la sentencia de un tribunal de la provincia de Granma, tras ser juzgados por la presunta negligencia médica que acabó precipitando la muerte de un paciente lesionado en un accidente de tránsito.
El caso llevaba varios días en el debate público. En respuesta a las críticas que estaban recibiendo por la falta de insumos en los servicios hospitalarios, la Dirección General de Salud Pública de Granma publicó una nota. En esta aclara que los profesionales imputados se encuentran en libertad y «no han sido inhabilitados». El comunicado asegura también que el proceso penal «se ha desarrollado con apego a las garantías establecidas en las leyes».
No se trata de un hecho reciente. Sucedió el 17 de diciembre de 2021. Los galenos pendientes de sentencia ya habían sido sancionados administrativamente. Sin embargo, el caso terminó en los tribunales.
Numerosos colegas de los facultativos acusados han salido a las redes sociales para confirmar que el hospital bayamés, lo mismo que otras instituciones homólogas a lo largo del país, trabajaban sin insumos básicos tanto en 2021 como en la actualidad. Llama la atención que incluso personas conocidas por defender habitualmente al gobierno cubano se hayan pronunciado pidiendo una mejor revisión de lo sucedido.
Esto significa que la crisis del sistema de salud cubano se hace cada vez más evidente y en este contexto resulta sumamente difícil deslindar las responsabilidades individuales de las institucionales. En el gran debate que se ha generado, la mayoría de los que intervienen excusan a los doctores juzgados y exigen responsabilidad al Ministerio de Salud Pública.
No hay información estadística sobre los casos de probable negligencia médica que han terminado en tribunales durante los últimos años. Sin embargo, a inicios de 2023 fue conocido el fallecimiento de ocho niños recién nacidos en el hospital materno infantil de Diez de Octubre, esa vez los medios estatales sí ofrecieron información exhaustiva sobre las causas y consecuencias de lo sucedido.
Nuestra opinión es que el colapso de los servicios en la mayoría de las instituciones clínicas del país aumenta la probabilidad de que los médicos pendientes de sentencia tengan razón, no obstante, la falta de información completa y fidedigna no ha permitido a la opinión pública contrastar las evidencias que poseen las autoridades con las de los acusados.
En muchas ocasiones la violación del protocolo responde a que no se cuenta con los insumos necesarios para cumplir con lo pautado o tomar la mejor decisión. Por tanto, el precedente podría crear temor entre los profesionales de la salud que hoy trabajan sin las condiciones adecuadas y que, como resultado, se cohíban de buscar alternativas para salvar la vida a un paciente por miedo a ser responsabilizados si fallan.
Sancionar no va a resolver la crisis de insumos y de personal en el hospital bayamés, ni en el país. Estos procesos penales, que son inevitables, deben establecer las responsabilidades precisas de cada una de las partes, incluyendo las instituciones.
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