El 23 de noviembre de 2023, el médico cubano exiliado en Estados Unidos y director del Observatorio Cubano de Salud Dr. Alexander Jesús Figueredo Izaguirre publicó una denuncia en su perfil de Facebook. La denuncia se relacionaba con la celebración a puertas cerradas de un juicio penal por negligencia médica contra seis cirujanos del Hospital Provincial de Granma «Carlos Manuel de Céspedes».
Días después de la denuncia y de haberse levantado una ola de apoyos en favor de los galenos (incluida una campaña en función de su exoneración), la Dirección Provincial de Salud Pública de Granma ha publicado desde su perfil institucional de Facebook una nota informativa en la que asegura:
- El juicio contra los seis médicos ciertamente tuvo lugar entre los días 21 y 22 de noviembre en el Tribunal Provincial Popular de Granma.
- El proceso se originó a raíz de una denuncia familiar relacionada con la atención médica a un paciente de 23 años politraumatizado en un accidente de tránsito en 2021.
- Los médicos están en libertad y no han sido inhabilitados para el ejercicio de su profesión.
- La sentencia está pendiente, sujeta a la valoración de pruebas y puede ser apelada.
- La situación ha generado preocupación y ha sido distorsionada por personas desinformadas sobre el caso.
La nota informativa de la Dirección Provincial de Salud Pública de Granma ofrece algunos elementos que, ante la falta de documentos judiciales que detallen lo acontecido durante el proceso, pueden utilizarse para motivar un análisis al respecto.
¿Qué esperar del proceso penal?
En el Código Penal cubano no se define específicamente el delito de negligencia médica. Las responsabilidades de los médicos se determinan mediante la evaluación de los resultados de su conducta. Por lo tanto, los delitos principales utilizados para enjuiciar a los médicos son lesiones u homicidio.
En el caso particular de los galenos granmenses, el resultado fue la muerte de un paciente, lo que implicaría que los médicos acusados enfrenten cargos por homicidio. El delito de homicidio conlleva penas de 10 a 20 años de prisión, pero las sanciones pueden ajustarse a marcos inferiores según las reglas de la imprudencia y participación. Los límites mínimos y máximos de los delitos cometidos por imprudencia o negligencia (como en casos de mala praxis médica) pueden reducirse hasta en un tercio y hasta la mitad, respectivamente.
La negligencia médica implica una imprudencia y no el deseo de matar al paciente, por lo que las penas en esos casos podrían ir de tres a diez años de prisión. Además, los marcos sancionadores pueden reducirse aún más si se analizan circunstancias atenuantes o si la persona imputada es considerada solo un cómplice y no autor directo del delito.
El análisis anterior concuerda con los testimonios de algunos acusados y los informes de medios de prensa que indican que la Fiscalía solicitó penas de dos a tres años de privación de libertad para los implicados.
A pesar de que la nota informativa de la Dirección Provincial de Salud de Granma afirma que hasta la fecha los médicos no han sido inhabilitados, es importante señalar que en situaciones de delitos derivados de una práctica profesional negligente suele imponerse como sanción adicional la prohibición de ejercer la profesión u oficio. Además, en la actualidad cubana se suele añadir la restricción de abandono del país durante el período de la sanción.
La nota informativa asegura además que el Tribunal aún no ha tomado decisión alguna al respecto. La resolución podría demorar varios días y, como es común en el contexto cubano, podría estar influenciada más por la presión externa y las manifestaciones de apoyo hacia los médicos que por el resultado real de la evaluación de las pruebas.
La atención y cobertura mediática cuando suceden casos como el de los galenos granmenses aumentan los riesgos que las autoridades cubanas enfrentan al tomar una decisión condenatoria. La confirmación de una sanción contra médicos que reconocen haber brindado servicios de urgencia sin los recursos adecuados podría desencadenar una estampida sin precedentes en el sector de la salud pública. El escenario se presenta delicado en un momento en el que las autoridades cubanas han demostrado ser incapaces de superar la escasez de insumos, medicamentos y material sanitario esencial para garantizar servicios médicos seguros y de calidad.
Además, la confirmación de una sanción contra los seis médicos de Bayamo pondría de manifiesto la disyuntiva profunda e irreconciliable que enfrenta el personal de salud en Cuba. La difícil elección entre negarse a ofrecer servicios médicos sin los recursos adecuados y hacerlo con los recursos disponibles, cumpliendo con el juramento hipocrático, pero arriesgándose a sanciones penales y profesionales graves según el resultado.
Es una disyuntiva irreconciliable porque el Código Penal cubano, en el artículo 188, también contempla sanciones de seis meses a
