Sesiona Consejo de Estado. Foto: Tony Hernández Mena
Los decretos leyes «Del Régimen Especial de Seguridad Social del
Sector Agropecuario y Forestal» y «Del Régimen Laboral Especial de
las Personas Privadas de Libertad que trabajan dentro o fuera de los
Establecimientos Penitenciarios» fueron aprobados por el Consejo de
Estado en su sesión ordinaria de este lunes, encabezada por el
Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández.
La primera de estas disposiciones normativas amplía la cobertura de
la protección por la seguridad social al sector agropecuario y forestal,
mediante un régimen especial único, de carácter contributivo, que
cubre de manera coherente y uniforme, todas las contingencias que
reconoce el régimen general de seguridad social vigente en el país.
«Tiene el objetivo de agrupar en un solo cuerpo legal, a todos los
sujetos del sector agropecuario y forestal, protegiendo a aquellos que
no reciben los beneficios del régimen especial de la seguridad social,
ampliando la cobertura de los riesgos y homologando el tratamiento
con el sector estatal», señaló en su exposición Marta Elena Feitó
Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Con la adopción de
esta norma se alcanza la cobertura universal de la seguridad social a
todos los trabajadores del país.
En tanto, el segundo decreto ley emitido establece el régimen laboral
especial aplicable a las personas naturales cubanas o extranjeras, que
cumplen sanciones penales en los establecimientos penitenciarios,
que se incorporan al trabajo dentro o fuera de dichos establecimientos
durante la sanción penal o medida cautelar de prisión provisional
impuesta.
En tal sentido, esta norma «regula la relación jurídica de trabajo que
se establece entre la persona privada de libertad apta y en disposición
de trabajar y la autoridad penitenciaria para el desarrollo de una
prestación laboral subordinada por cuenta ajena y remunerada; se
aplica también a los que cumplen medida cautelar de prisión
provisional en el sistema penitenciario cubano; y se excluyen las
actividades que forman parte del proceso educativo en el
establecimiento penitenciario», recoge el texto.
Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder
Popular y del Consejo de Estado, puntualizó que esta última
disposición resulta profundamente avanzada y revolucionaria,
respetuosa del trabajo como derecho constitucional de todas las
personas en condiciones de trabajar, de gran alcance humanista y con
una jerarquía normativa superior; así como está acorde con las
normas internacionales que regulan esta materia.
En la agenda de la sesión de este órgano también se examinaron las
medidas aprobadas como resultado del ejercicio de la más alta
fiscalización al Ministerio de Energía y Minas (Minem), desarrollado
por la Asamblea Nacional del Poder Popular de enero a junio de 2022
que derivó en 13 recomendaci
