Margarita Acosta Rodríguez, directora de Política de Precios del MFP, aclaró que el principal objetivo de la norma jurídica es transparentar los costos y gastos, buscar reservas de eficiencia y a partir de ahí propiciar disminuciones de precios. Foto: ACN
La obligatoriedad de confeccionar la llamada ficha de costos por todos los actores económicos, incluyendo los no estatales como productores y prestadores de servicios técnico-productivos, figura entre las medidas emprendidas en el país para lograr precios más racionales y enfrentar los abusivos, un reclamo de la población.
A dos meses y medio de emitirse al respecto la Resolución 148 de 2023, publicada en la Gaceta Oficial No. 64 de 6 de julio pasado, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) conduce un proceso de preparación y capacitación con sus direcciones territoriales, gobiernos locales, universidades y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.
En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Margarita Acosta Rodríguez, directora de Política de Precios del MFP, aclaró que el principal objetivo de la norma jurídica es transparentar los costos y gastos, buscar reservas de eficiencia y a partir de ahí propiciar disminuciones de precios, siempre que no implique deterioro de los resultados o que los productos se vendan con pérdidas.
La metodología establecida y la propia ficha por sí solas no resuelven los problemas de inflación, expresó, pero sí constituyen el punto de partida para la evaluación de concertaciones de precios, que propicien medidas d
