Entre 2018 y 2022 el Gobierno apeló a las «interrupciones programadas del servicio» para rebajar el consumo doméstico un 10.6 %. Pero ese ahorro no resultó suficiente para compensar el déficit de generación ocasionado por la falta de combustible y por el deterioro de las viejas centrales termoeléctricas. Por eso, en el mismo período el sector estatal debió contraer su demanda un 19.9 %, sobre todo paralizando procesos. Los recortes más profundos afectaron las actividades agropecuarias (que dispusieron de un 45.3 % menos de energía), la industria (31.9 % menos) y la construcción (19.4 % menos).
Hasta el reinicio en septiembre de los apagones de larga duración, 2023 mostraba una situación mucho más favorable, con un aumento del suministro eléctrico del 37 % respecto al año anterior, según informó el ministro de Energía y Minas Vicente La O Levy.
En mayo de 2023, las autoridades evidenciaron su «optimismo energético» con dos hechos. La reinauguración de la acería eléctrica de Antillana de Acero y el anuncio, por parte del vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, de una orden del presidente Miguel Díaz-Canel: «priorizar la agricultura apenas tengamos una situación mejor con el combustible».
Ambas decisiones, que pretendían mandar un mensaje esperanzador en cuanto a la posibilidad de recuperación de la economía productiva en la isla, quedaron en lo anecdótico cinco meses después.
Con déficits de generación eléctrica que en las últimas semanas se han acercado a un tercio de la demanda nacional, resulta impensable echar a andar la metalúrgica capitalina o asignar recursos para poco más que «asegurar las cosechas», como indicó el propio Gil Fernández durante la Mesa Redonda en que se declaró la actual contingencia energética.
Círculo vicioso
Las más de 220 000 toneladas de «acero líquido» que cada año puede producir la acería eléctrica de Antillana brindarían un importante impulso a la construcción y a otras industrias. Precisamente el acero es uno de los productos más deficitarios en el país, que programas como el de producción local de materiales de la construcción no tienen cómo suplir.
La inversión en Antillana de Acero fue financiada mediante un crédito ruso de 95 millones de dólares que debía reembolsarse con los ingresos generados con la producción de la planta. Sin embargo, las dificultades para que trabaje a plena capacidad obligarán a obtener ese dinero por otras vías o a negociar postergaciones de pago en condiciones probablemente desventajosas.
Algo similar ocurre con la actividad agropecuaria. El desvío del diésel hacia la generación eléctrica ha incidido en el incumplimiento de las últimas campañas de siembra y cosecha. Los planes de electrificación de labores como el riego también están en pausa, tanto por la falta de divisas para la adquisición de los equipos como por la previsible dificultad para emplearlos, incluso, en horarios como la madrugada.
Las alarmas sobre la crisis energética en Cuba se encendieron cuando se conocieron medidas drásticas de los gobiernos provinciales de Villa Clara y Cienfuegos para reducir el consumo eléctrico, como paralizar servicios no esenciales, cambiar horarios laborales, ajustar bombeo de agua e incluso desconectar frigoríficos y cámaras de frío cuando no afecte los productos. Lo extremo de las medidas revela la gravedad de la situación eléctrica en el país.
El escenario ha terminado convirtiéndose en un círculo vicioso. La isla necesita incrementar sus producciones industriales y agropecuarias para disminuir importaciones, pero para hacerlo necesita un suministro estable y barato de electricidad que no tiene cómo garantizar, precisamente porque parte de las divisas para hacerlo se destinan a la compra de artículos que podría producir.
Entre cinco y diez años de inversiones
«En Cuba, el sector residencial absorbe el 60 % de la electricidad producida, por el 42 % de promedio del Caribe. Entre 2000 y 202
