Si quedaba duda alguna de la inexistencia en Cuba de un Estado de derecho, se desvaneció luego de la filtración del video en el cual interviene Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular.
El material es de 2018. En ese momento se debatía en el país el borrador de la Constitución, que incluía un aumento nominal de garantías para los detenidos y acusados. Lo que allí se dijo es la muestra clara de que en Cuba los Tribunales no cumplen con los mínimos estándares de justicia.
El video revela sinsentidos alarmantes. El primero es que se trataba de una reunión de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) —quien se encarga de investigar y procesar a quienes comentan delitos— con la máxima dirección del sistema de Tribunales y la Fiscalía. Pero no era un acto protocolar, sino un encuentro privado entre personas encargadas de perseguir, procesar y juzgar a cubanos. Reunión en la cual, además, no había representantes del sector que, en teoría, vela por los derechos de los acusados: la abogacía.
El encuentro, al parecer, buscaba que los máximos dirigentes del Tribunal Supremo le explicaran a los funcionarios del Minint cómo hacer mejor su trabajo para lograr sancionar a la mayor cantidad de personas posible.
No existe un modelo de administración de justicia idílico. Sin embargo, por regla general, la justicia en el mundo se imparte de la siguiente forma. Un cuerpo de investigadores o policías investigan y acumulan pruebas para señalar a una persona como autor de un delito. Ese cuerpo de policías trabaja junto con la Fiscalía y ambos representan al Estado. Por otro lado, están los abogados, encargados de defender la inocencia de los acusados o de buscar la opción más favorable; y por último, los jueces, quienes determinan si las pruebas aportadas por la Fiscalía son suficientes para destruir la inocencia del acusado que siempre debe ser presumida.
En algunos sistemas, la decisión de culpabilidad recae en un jurado compuesto por representantes del pueblo llano, pero son los jueces quienes controlan lo que sucede en el juicio y quienes, al final, definen cuál es la sentencia del condenado. Por eso, los jueces tienen que ser imparciales e independientes. O sea, no pueden ser cómplices ni de abogados ni de fiscales porque sus decisiones no serían equilibradas ni justas.
Remigio habló, además, de una capacidad que tienen los jueces cubanos denominada devoluciones. En el siguiente video se amplía sobre la significación de este término y otras particularidades a las que se refirió el presidente del Tribunal Supremo Popular cubano en detrimento de las garantías legales en el país.
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