En el actual escenario de ordenamiento y transformaciones que vive el país resulta cada vez más vital que nuestros municipios se desarrollen como instancia fundamental, con la autonomía necesaria para protagonizar los cambios, y avancen, en igual medida, hacia la consolidación de una base económica-productiva.
Como parte de esta estrategia, también es necesario ampliar el alcance que los nuevos actores económicos puedan tener en el desarrollo de bienes y servicios, así como en el incremento de las producciones. Su inserción en el ecosistema municipal puede aportar no solo empleo y generación de ingresos, sino, además, contribuir a la vida social y económica del territorio.
En relación con este tema, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha manifestado que el Gobierno está aprobando un actor económico en función de que sea un complemento en la estrategia de desarrollo local de cada territorio; de ahí que estos deban participar en los programas económicos y sociales de la Revolución, con encadenamientos con otros actores y con responsabilidad social.
Hasta el 23 de junio del presente año, 3 980 de esos actores habían sido aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), de ellos 3 925 son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) –tanto privadas, como estatales– y 55 cooperativas no agropecuarias (CNA).
Solo siete municipios en Cuba no tienen mipymes, ni CNA constituidas, afirmó Johana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación, en un encuentro con juristas cubanos, al tiempo que explicó que la mayoría de estos actores –alrededor del 54 %– es reconversión de negocios que ya existían, gestionados por trabajadores por cuenta propia.
«No obstante, lo importante aquí no son los números, sino lo que están produciendo y qué servicios están prestando, o sea, el alcance real y su impacto en el desarrollo económico del territorio, y por ahí es que debemos enfocar el análisis», afirmó.
ENTRE EL DEBER SER Y LA PRÁCTICA COTIDIANA
Cuando hablamos de transformaciones económicas nos referimos también a la distribución equitativa de bienes, de iguales accesos y derechos, y valdría preguntarse si con enumerarlos en una disposición jurídica logramos ese alcance, reflexionaba la vicetitular del MEP.
A su juicio, los retos del derecho son muchos y el surgimiento en nuestra economía de figuras y actores nuevos, así como los proyectos de desarrollo local, han impuesto no pocos desafíos desde la unión jurídica y la interpretación de las normas.
Nuestras leyes son bastante homogéneas en ese sentido, a pesar de que los escenarios en términos de propiedad, de autonomía y de alcance puedan ser muy diferentes, comentó.
Por ejemplo, esbozó, en materia de planificación económica tenemos el desafío de cómo asignar los recursos a quienes más lo necesitan, aun sabiendo, muchas veces, que allí no es donde más rápido se rentabilizan.
Aparecen, además, contraposiciones, y lo vemos cuando determinada empresa estatal tiene una gran rentabilidad y altos niveles de utilidad para repartir más salarios a los trabajadores, pero a costa de subir los precios de los productos o servicios que ofrecen; y también están los intereses individuales esbozados por el tipo de propiedad privada, sostuvo.
Por otra parte, también existen brechas territoriales y de género. Territoriales, aclaró, porque aun cuando sabemos que la educación, a cualquier nivel, es gratuita y es un derecho universal en Cuba, lo cierto es que hay diferencias notables en cuanto al acceso a la Educación Superior en los diferentes municipios dentro de una misma provincia.
«Y si no tenemos los graduados universitarios, ¿cómo vamos a echar a andar el desarrollo municipal? ¿Quién será mañana la fuerza de trabajo calificada que levantará ese municipio para lograr los niveles de desarrollo que nos estamos proponiendo?».
En cuanto a las brechas de género, señaló que apenas el 8 % de los propietarios de tierra en Cuba, y el 22,8 % de los socios de las nuevas mpymes y CNA, son mujeres.
Ante estas realidades, «debemos pensar en soluciones puntuales que tienen algunos referentes internacionales, como son los principios de discriminación positiva, es decir, la concesión de recursos a aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad».
Puntualizó que con las transformaciones económicas no es suficiente en todos los casos, sino que resulta necesario –teniendo en cuenta las particularidades de determinadas situaciones–, una aplicación diferenciada de las leyes, y conocer íntegramente lo que puede estar pasando en esos territorios.
Es cierto, no obstante, que –a veces– desde las normas jurídicas, hacer esa diferenciación es complicado, sobre todo tratándose de un sistema económico como el nuestro, que está en construcción, apuntó.
Mas, hay cuestiones en las que debe anteceder un análisis, para posteriormente regular; de lo contrario –subrayó–, podemos regular en un debe ser que no se comporta igual en la práctica, porque los puntos de partida son diferentes a los que estamos previendo desde las normas, ni tampoco son iguales las obligaciones y cargas legales de todos los actores económicos.
«Tales realidades imponen, a su vez, un nuevo desafío: cómo lograr, entonces, la justicia social, que es una justicia esencialmente distributiva, en un país con pocos recursos como el nuestro, ciertamente asediado, bloqueado».
Al final todo recae en un mismo interés: promover el desarrollo local a partir del fomento de las capacidades endógenas y el aprovechamiento de lo que pueden hacer los territorios, sin perder el necesario vínculo con el proyecto nacional.
Se trata de llevar a la práctica la articulación de lo territorial con lo nacional, en ambos sentidos, para favorecer la economía, y también la calidad de vida de las personas.