El Tribunal Supremo Popular decidió mantener las acusaciones por el delito de sedición contra 18 manifestantes del 12 de julio del barrio habanero La Güinera.
“De los hechos probados no cabe duda alguna que la grave alteración del orden que llevaron a cabo la tarde del 12 de julio de 2021, durante aproximadamente cuatro horas, de manera tumultuaria y plural, la violencia física que materializaron todos los acusados, tenía como fin perturbar el orden socioeconómico y político vigente”, afirma el documento que expone las sentencias firmes.
Los 18 manifestantes fueron condenados por 294 años en conjunto, con condenas individuales de hasta 14 años de cárcel.
Algunos de los inculpados expresaron en sus recursos de casación que “no tenían motivaciones contra el sistema social para cometer los hechos” o que “desconocían el propósito que perseguían” las protestas.
Muchos de los sentenciados también argumentaron que sus actos debieron ser calificados como desórdenes públicos y no como sedición.
Los abogados de los encausados pidieron que se cambiara el delito de sedición por el de desórdenes públicos pero los jueces de Casación estimaron que “los actos que ejecutaron sobrepasaron el propósito de alterar el orden y la tranquilidad ciudadana, como elemento subjetivo, de la figura penal de desórdenes públicos”.
Sin embargo, las peticiones fiscales se apoyaron, como en casi todos los demás juicios, en acusar de actos vandálicos y de ejercer la violencia a los acusados.
Los testigos de la parte acusatoria, la mayoría fueron agentes policiales. Asimismo, los familiares han denunciado que se obvió que la violencia fue iniciada por fuerzas represivas y grupos paramilitares del régimen. También han alertado sobre la falta de garantías, la fabricación de pruebas y las penas elevadas.
En marzo, el Tribunal Provincial de La Habana halló culpables a 128 personas que participaron en el estallido social en La Güinera, Arroyo Naranjo y en la Esquina de Toyo, en Diez de Octubre.
En La Güinera murió de un disparo policial el manifestante Diubis Laurencio Tejeda, la única víctima fatal reconocida oficialmente.
El grupo Justicia 11J, que defiende los derechos de los encarcelados por las históricas protestas del verano pasado, criticó el hecho de que las autoridades solo hayan ofrecido información “tardía y parcial” sobre los detenidos y sobre los procesos judiciales en su contra.
Lista de sancionados con sentencias firmes
Alejaime Lambert Reyes, 12 años
Amaury Fernández Martínez, 14 años
Andrius López Fragosa, 14 años
Arielvis Rill Baró, 7 años
Carlos Alberto Hernández Pérez, 5 años
Dayán Jesús Ramírez, 10 años
Elyan Segui Cruz, 10 años
Germán Barrenechea Echevarría, 5 años de trabajo correccional sin internamiento
José Luis Castillo De La Torre, 11 años
Juan Walberto Verdecia Rodríguez, 14 años
Liliana Oropesa Ferrer, 5 años de trabajo correccional con internamiento
Luis Miguel Oña Jiménez, 14 años
Mackyani Yosney Román Rodríguez, 10 años
Osvaldo Lugo Pita, 12 años
Rolier Salazar González, 12 años
Wilfredo Limonta Mesa, 5 años de trabajo correccional con internamiento
Yaquelín Castillo García, 11 años
Yurema Ramos Abad, 12 años