Tras rebajar condenas a un grupo de manifestantes del barrio habanero de Luyanó, el Tribunal Supremo Popular decidió mantener las acusaciones por el delito de sedición contra otras 18 personas que salieron a las calles en La Güinera.
“De los hechos probados no cabe duda alguna que la grave alteración del orden que llevaron a cabo la tarde del 12 de julio de 2021, durante aproximadamente cuatro horas, de manera tumultuaria y plural, la violencia física que materializaron todos los acusados, tenía como fin perturbar el orden socioeconómico y político vigente”, afirma Radio Televisión Martí, citando un documento del Tribunal Supremo.
Los 18 manifestantes fueron condenados a 294 años en conjunto, con sanciones individuales de hasta 14 años de cárcel.
Algunos de los inculpados expresaron en sus recursos de casación que “no tenían motivaciones contra el sistema social para cometer los hechos” o que “desconocían el propósito que perseguían” las protestas. Muchos de los sentenciados también argumentaron que sus actos debieron ser calificados como desórdenes públicos y no como sedición.
Los testigos de la parte acusatoria fueron en su mayoría agentes policiales. Asimismo, los familiares han denunciado que se obvió que la violencia fue iniciada por fuerzas represivas y grupos paramilitares del régimen. También han alertado sobre la falta de garantías, la fabricación de pruebas y las penas elevadas.
En marzo, el Tribunal Provincial de La Habana halló culpables a 128 personas que participaron en el estallido social en La Güinera, Arroyo Naranjo y en la Esquina de Toyo, en Diez de Octubre.
En La Güinera murió de un disparo policial el manifestante Diubis Laurencio Tejeda, la única víctima fatal reconocida oficialmente.
La víspera, el Tribunal Supremo Popular (TSP) rebajó las sentencias de manifestantes del 11 de julio en la esquina de Toyo, Diez de Octubre. Otros manifestantes del 11J, con penas de hasta 25 años de cárcel, también vieron rebajadas sus sanciones.
Entre los beneficiados figuran varios adolescentes, con penas de hasta 18 años, que ahora vieron sus sanciones reducidas a cinco años de cárcel “subsidiados por igual término de trabajo correccional con internamiento”.
La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) elevó este 8 de junio a 1046 la cifra de su registro sobre presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva por las manifestaciones de julio de 2021, que se extendieron por más de 60 localidades de la isla.
Según la organización, 901 personas permanecen recluidas por dichas protestas, mientras que en el último año han pasado por las cárceles del país unos 1236 presos políticos.
Entre los 1046 que siguen entre rejas, hay 37 menores de edad, 23 de los cuales ya han sido sentenciados. Según Prisoners Defenders, gran parte de estos menores han sido condenados por sedición y la pena media se acerca a los seis años y medio de cárcel.
En términos generales, de los 726 presos que tienen sentencia, 246 han recibido penas superiores a los diez años de prisión.
Cuba ocupa el quinto lugar mundial en población penal por cada 100 000 habitantes, según una escala del Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR, siglas en inglés), elaborado en la Universidad de Londres, Reino Unido.