El grupo Justicia 11J aplaudió las nuevas restricciones de visado impuestas por el gobierno de Estados Unidos a funcionarios vinculados con los juicios y el encarcelamiento de participantes de las históricas protestas populares en Cuba.
“Esta ha sido una de las demandas de justicia 11J desde que en agosto [de 2021] lanzamos una petición para la liberación de los manifestantes. Es imposible saber quiénes son, pero nosotros siempre hemos estado tratando de visibilizar quiénes son estas personas, publicando los nombres de fiscales, de jueces que han participado en estos juicios”, puntualizó Salomé García Bacallao, miembro del colectivo independiente.
El Departamento de Estado anunció en un comunicado la adopción de las restricciones de visado a cinco funcionarios cubanos que no identificó.
“Es importante señalar que muchos de estos jueces y fiscales han sido entrenados en cursos en Rusia. Lo sabemos gracias a una investigación del medio independiente YucaByte. Por ejemplo, los que han estado involucrados en los juicios a los menores han recibido entrenamiento sobre cómo aplicar justicia a menores de edad en Rusia. En nuestras intervenciones, en nuestros encuentros con oficiales de Estados Unidos o de la Unión Europea, hemos estado insistiendo en este elemento constantemente”, agregó.
Las sanciones responden a la Proclamación Presidencial 5377 por la que Estados Unidos puede suspender la entrada al país de funcionarios y empleados del Gobierno cubano.
“Sigue siendo un paso limitado. Estas sanciones deberían extenderse, por ejemplo, a las familias de estos oficiales. El caso de Rubén Remigio [Ferro], que es el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba y su hijo vive en los Estados Unidos. Ferro puede estar beneficiándose, a través de su hijo, de ciertos mecanismos que existen, y que se están ampliando, para enviar remesas, para enviar fondos”, indicó García Bacallao.
No es la primera vez que el Departamento de Estado aplica sanciones a altos cargos de la isla relacionados con las protestas del 11 de julio del 2021.En enero pasado se anunciaron restricciones a otros 8 oficiales.
“Lo que estamos logrando es, primero, que se dé un mensaje de que a estas personas no se les va a permitir la impunidad. Es decir, no pueden aparecerse de pronto a los Estados Unidos a pedir asilo político, pero tampoco pueden ir a los Estados Unidos a hacer un negocio que se convierte en un negocio de envío de remesas”, detalló.
García Bacallao lamentó que, debido a “la falta de transparencia”, es difícil verificar si personas que están gestionando envíos de remesas a Cuba y otras empresas “han afectado a disidentes o jueces que han participado en denegación de ‘habeas corpus’ a opositores y activistas, pero también participaron algunos en los juicios contra los 75 en el año 2003”.
“Seguimos pidiendo que se amplíen estas sanciones, que pasen más allá de restricciones de visados y además alentamos a la Unión Europea, a otros países que ya tienen este mecanismo de la Ley Magnitsky que impongan estas sanciones también”.
Por su parte, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter que “nuevamente EE.UU. acude a medidas coercitivas contra Cuba como acto de agresión, con sanciones individuales basadas en acusaciones mendaces y absolutamente infundadas”.
